Contexto/Fernando Ramírez de Aguilar L.

LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR SOMETIDA A JUICIO 

FERNANDO RAMÍREZ DE AGUILAR L.

La ambigüedad en la redacción de varios artículos de la Ley de Seguridad Interior (LSI), aprobada por el Congreso de la Unión en diciembre pasado, ha generado un alud de demandas e impugnaciones que la ponen en un vilo, pues el presidente Enrique Peña Nieto, se empeñó en que se aprobara y entrara en vigor, sin tomar en cuenta varios planteamientos expresados por minorías del propio poder legislativo y de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos nacionales e internacionales.

Varios de los planteamientos expuestos, sostienen que tal y como está la redacción de la LSI, es lo que la hace potencialmente violatoria de los derechos humanos de la población. Su puesta en marcha –suspendida en tanto no se resuelva las acciones de inconstitucionalidad presentadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación– traería como resultado el empleo indiscriminado de la fuerza castrense, y por ende, el desborde de acusaciones por violaciones a los derechos humanos donde la cadena de mando quedaría sin ser sancionada, ya que serían los soldados y marinos, oficiales y mandos medios, los principales responsables de las supuestas violaciones.

La LSI se encuentra en peligro ya que minorías parlamentarias del Congreso de la Unión ya interpusieron acciones de inconstitucionalidad al igual que el partido Movimiento Ciudadano, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), la CNDH y dos municipios, mientras que en diversos estados en los juzgados de distrito; se han interpuesto 34 amparos colectivos de organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos que buscan frenar su aplicación.

Ante la cantidad de amparos que se están promoviendo en todo el país contra la promulgación de dicha ley el Consejo de la Judicatura Federal todavía no determina si la totalidad de dichos litigios se concentrarán en alguno de los juzgados auxiliares de Cholula, Puebla.

Otro punto controvertido es que la información que se genere durante su aplicación será considerada de Seguridad Nacional, dejándola fuera del escrutinio público. El INAI considera que la LSI vulnera el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales y se pronunció contra los artículos 9 y 31 de la ley.

Sobre el artículo 9, que prevé “la información que se genere con motivo de la aplicación de la presente ley, será considerada de Seguridad Nacional, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables”, el INAI argumentó que la ley se excede al establecer que toda la información generada en virtud de la seguridad interior será considerada como de seguridad nacional y genera con ello una excepción indebida al acceso de la información.

Además, impone restricciones y límites injustificados al ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información, establece una reserva automática y atemporal de la información, cuando el Poder Reformador de la Constitución fue expreso al sostener que toda información de ese tipo debe ser considerada como pública y sólo será sujeta a reservas siempre temporales.

Sobre el artículo 31, que establece “en materia de Seguridad Interior, las autoridades federales y los órganos autónomos deberán proporcionar la información que les requieran las autoridades que intervengan en los términos de la presente ley”, el INAI advirtió que establece restricciones al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos personales de los titulares, sin cumplir con los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad, por lo que prevé un régimen de excepción al consentimiento para la transferencia de los datos personales sin los debidos controles de legalidad y certeza jurídica para los titulares.

La ley, promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto busca cubrir un vacío legal de más de 10 años, generado por la decisión del gobierno de lanzar a finales del 2006 una controvertida ofensiva militar antidrogas, toda vez que las policías locales se veían superadas por los grupos criminales.

Pero organismos internacionales como el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana en la materia han criticado duramente la ley y llamaron en repetidas ocasiones al Congreso mexicano a no aprobarla.

La estrategia militar antidrogas se ha acompañado de una ola de violencia que ha dejado más de 196,000 personas asesinadas y unos 30,000 desaparecidos, según cifras oficiales que no detallan cuántos casos están ligados a la criminalidad y en cuántos están implicados militares y marinos.