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CIUDAD DE MÉXICO, 31 de agosto de 2018.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó a los juzgadores del país a comprometerse con la estrategia global de prevención de la tortura, con el fin de reducir el riesgo de ese flagelo, ya que, pese a la condena pública de esa práctica, se recurre a ella en la clandestinidad en muchos países, incluido México.
Dicho fenómeno, añadió CNDH en un comunicado, persiste en nuestro país, a pesar de que su prohibición está pactada en instrumentos internacionales y contar con una Ley General de avanzada en la materia, por lo que es fundamental sumar acciones preventivas y correctivas sobre la tortura para contribuir a su erradicación, mediante tres vías: prevención, debida investigación y sanción, y atención integral a las personas víctimas de tortura.
Así lo expresó el ombusperson nacional, Luis Raúl González Pérez, al dictar la ponencia Poder Judicial y Mecanismo de Prevención de la Tortura, instancias naturales de colaboración y complementariedad, en el marco de la Segunda Asamblea Plenaria Ordinaria de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), en la que pidió a las juezas y jueces de derechos humanos su voluntad política para dar ese gran golpe de timón que demanda la sociedad mexicana para terminar con la tortura.
Tras destacar el importante papel del Poder Judicial en materia de prevención, les hizo un llamado para adecuar la ley en la materia, de modo que sean compatibles lo que establece la normatividad y las facultades que tienen las juezas y los jueces para sancionar la comisión de actos de tortura, para lo cual deben impulsarse el diálogo y el intercambio de ideas sobre el tema.
Al hablar ante el presidente de la Conatrib, Sergio Javier Medina Peñaloza; el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, Ricardo Suro Esteves; el consejero jurídico del Ejecutivo Federal, Misha Granados Fernández, y el secretario técnico de la Conatrib, Marco Becerril Garcés, el ombudsperson nacional mostró la disposición de la CNDH de sumar esfuerzos con el Poder Judicial para que cada instancia, desde el ámbito de su competencia y atribuciones, contribuya a la prevención y erradicación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Tras reseñar las acciones que lleva a cabo el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y las visitas que realiza a centros penitenciarios y otros lugares de internamiento como albergues públicos y privados, hospitales psiquiátricos y estaciones migratorias, subrayó que no debe haber tolerancia hacia la tortura, ni asumirla como inherente a la investigación de los delitos, ni como cultura o forma de justicia arraigada en nuestro país, ya que no hay niveles ni rangos aceptables de la misma, y un solo caso debe movilizarnos para investigar, deslindar responsabilidades, aplicar sanciones que procedan y, sobre todo, prevenir su repetición.
Hizo especial énfasis a la tortura y malos tratos hacia mujeres durante la detención, lo que ha recibido escasa atención, y precisó que la violencia contra las mujeres privadas de la libertad es preocupante para la CNDH.
Finalizó al proponer que el Poder Judicial y los ombudsperson unan esfuerzos para generar acciones conjuntas tendentes a prevenir la tortura y malos tratos, lo que es un reto monumental, pero no imposible.