Convoca Segob a fortalecer órganos de justicia estatales

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de agosto de 2020.- Es evidente que la mayor carga de trabajo está a nivel estatal, pues de acuerdo al Inegi los 32 tribunales Superiores de Justicia atienden 31 millones de trámites y servicios, con un presupuesto de 35 mil millones de pesos, señaló la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero.

“Esta es la justicia del día a día”, refirió en su intervención durante la mesa de alto nivel Desafíos de la Justicia Mexicana, convocada por la Comisión de Justicia del Senado de la República, que preside el morenista Julio Menchaca.

Por ello, la funcionaria federal conminó a retomar y fortalecer estos órganos de consolidación del Sistema de Justicia Penal en todas las entidades federativas y considerar fijar la atención en la justicia estatal, que es la que hoy en día lo necesita. 

De ahí la necesidad de aumentar el presupuesto de los tribunales superiores de justicia, dijo al solicitar al Senado de la República retomar la iniciativa que como senadora impulsó sobre la reforma al artículo 116 constitucional para garantizar la independencia, la carrera judicial y nombramiento de jueces y magistrados. 

La Secretaría de Gobernación refirió que en el país existen alrededor de cuatro mil 200 defensores públicos estatales para una población de 120 millones de mexicanos. 

“Debemos voltear a ver a cada defensoría pública de las entidades federativas y sabremos que en los estados a veces pertenecen a diferentes instituciones y no cuentan, en su mayoría, con una autonomía presupuestal o recursos suficientes y de ellos depende un derecho fundamental de todos los mexicanos al debido proceso”, reiteró. 

La senadora con licencia insistió en su solicitud de retomar su iniciativa al artículo 116 constitucional, en el mismo artículo garantiza la autonomía presupuestal y un techo mínimo que asegure el fortalecimiento de los tribunales. 

Abundó que el Poder Judicial de la Federación tiene una defensoría publica muy consolidada.  Sin embargo, no pasa lo mismo con las defensorías públicas de las diferentes entidades federativas. 

“Por eso debemos voltear hacia estas defensorías públicas para poder fortalecerlas y sacar a la mejor una ley marco y establecer la normativa general para que puedan funcionar debidamente estas defensorías públicas en los diferentes estados”, recalcó.