Apuestan por iniciativa para Ley de Emergencia y Recuperación Económica

CIUDAD DE MÉXICO, 16 de abril de 2020.- Ya que el Gobierno federal poco ha escuchado propuestas para enfrentar la crisis económica y de salud, los senadores del PAN la convertirán en una iniciativa de Ley de Emergencia y Recuperación Económica, con una serie de medidas a implementar en el ámbito fiscal, laboral, empresarial, financiero y social.

La propuesta del Grupo Parlamentario del PAN prevé un procedimiento para emitir una “Declaratoria de emergencia económica”, con el objetivo de aminorar el impacto en las familias mexicanas, el sector productivo y la sociedad en general, así como mantener finanzas públicas sanas.

La iniciativa de los panistas otorga facultades a los tres órdenes de gobierno y dispone de mecanismos para una aplicación e implementación oportuna y eficaz de la ley.

Ante la crisis económica y sanitaria, sin precedentes en décadas, que se aproxima en el mundo, como lo advierten organismos internacionales especializados, instituciones académicas, bancos centrales e instituciones financieras y expertos, la senadora Mayuli Latifa Martínez advirtió que México será una de las economías del mundo más afectadas, por su vecindad con el epicentro actual de la pandemia, Estados Unidos.

Además, por su política económica errática, la nula comprensión de la importancia de la actividad empresarial y por ser una economía que iba hacia el decrecimiento.

Los panistas refirieron que el Programa de Recuperación Económica anunciado por el Ejecutivo federal es insuficiente, ya que no incorpora ninguno de los aspectos elementales de la actividad económica en el país, que son necesarios para hacer frente a una coyuntura como la actual.

De ahí la necesidad, de que el GPPAN alista esta iniciativa de Ley de Emergencia y Recuperación Económica, como la que otros países, en forma de decretos de emergencia, han emitido para hacer frente a los múltiples desafíos que enfrentaremos los mexicanos.

El senador Gustavo Madero Muñoz indicó que se trata de una propuesta que encuentra fundamento en el artículo 25 constitucional, que le otorga al Estado la rectoría del desarrollo nacional, velar por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo.

Y se fundamenta en la necesidad de establecer medidas para garantizar, en todo momento, y especialmente durante circunstancias críticas, los derechos a la vida, a la salud, al empleo, al bienestar y a la seguridad social consagrados en la Constitución Política, así como en múltiples instrumentos internacionales de los que México es parte, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

El panista Damián Zepeda Vidales reiteró que la propuesta de Acción Nacional tiene como ejes centrales: apoyar con un Ingreso Básico Universal como transferencia de apoyo directo de la línea mínima de bienestar establecida por el Coneval de tres mil 207 pesos por mes, por parte del Gobierno Federal a los trabajadores formales e informales impactados negativamente por la emergencia, incluyendo pérdida de empleo en formales, impacto negativo en informales y en ambos casos en suspensión de labores por orden gubernamental.

Apoyar a microempresarios con 27 mil 500 pesos al mes, durante tres meses, destinados a pagar nómina y renta, y otorgar una moratoria fiscal a las micro, pequeñas y medianas empresas, mediante el aplazamiento del pago de deudas tributarias durante seis meses sin que causen intereses, ni se impongan multas.

Restablecer la compensación universal a efecto de facilitar el pago de las contribuciones y dar mayores beneficios de liquidez a los contribuyentes y la exención de pago de ISR a las personas físicas que tengan ingresos inferiores a 10 mil pesos mensuales y a Mipymes, por el tiempo de la emergencia.

La iniciativa panista también pretende establecer un programa emergente de financiamiento al capital de trabajo de las micro, pequeñas y medianas empresas, a través de la banca de desarrollo, con condiciones blandas.

Brindar con un subsidio del 100 por ciento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios de la gasolina y el diésel a las empresas dedicadas al autotransporte de carga, para garantizar el abasto de productos básicos.

Y reducir el Impuesto al Valor Agregado en la zona fronteriza del norte y sur del país, e instrumentar un programa emergente de inversión pública que otorgue prioridad en la asignación de obras a proveedores nacionales e incentive la generación de empleo.