Corrupción e insuficiente control de gasto público en sexenios panistas, concluye la ASF

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Moisés Sánchez Limón

CIUDAD DE MÉXICO, 20 de febrero, (Quadratín México).- Insuficiencias en las estructuras de control interno en el manejo de recursos públicos permitieron riesgos de fraude, abuso, desperdicio, irregularidades y corrupción en los dos sexenios federales panistas y, paralelamente, en estados y municipios, de acuerdo con el informe rendido por el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal Martínez.

Conforme con el auditor Portal Jiménez, muestra de dichas insuficiencias de control, es la recuperación de casi 59 mil 689.1 millones de pesos producto de irregularidades detectadas en la fiscalización de cuentas públicas del periodo 2001-2010. Además, de las auditorías practicadas a la cuenta pública de 2011 –penúltimo año del gobierno de Felipe Calderón—se han recuperado siete mil 786.6 millones de pesos, principalmente de fondos estatales.

En paralelo, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF –órgano de la Cámara de Diputados—el legislador perredista José Luis Muñoz Cota, consideró que pese a la calidad del trabajo del auditor a las cuentas públicas, no hay eficiente ejercicio de gobierno, es decir, no ha contribuido a una rendición ejemplar de cuentas de los funcionarios públicos, muestra de que la corrupción es un mal endémico en México, “arraigada en áreas vitales de la administración pública”.

Al respecto, la diputada federal priista Lourdes Eulalia Quiñones Canales manifestó su convicción de que para superar el rezago social y combatir a la corrupción frontalmente, “es menester que las instituciones gubernamentales y los funcionarios caminen por la vía de la legalidad, rindan cuenta de cada peso que gastan y de cada acción que realicen en el ejercicio de su encargo, porque no sólo las acciones sino las omisiones pueden ser objeto de responsabilidades”.

El auditor Portal Jiménez rindió su informe de Resultados de la Cuenta Pública 2011 ante integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Cámara baja y, con apego a la secrecía prevista en la ley, evitó citar nombres de entidades públicas que han sido requeridas para solventar observaciones hechas a su gasto público, o de quienes son sujetos de sanciones administrativas o fincamiento de responsabilidad penal.

A la Cuenta Pública de 2011 le fueron practicadas mil 111 auditorías, de las que se derivaron siete mil 965 observaciones que, a su vez, generaron nueve mil 865 acciones, sie mil 369 de ellas de carácter preventivo y tres mil 496 de orden correctivo.

De esas tres mil 496 acciones de carácter correctivo, mil 202 correspondieron a pliegos de observaciones –que deben ser solventadas en un plazo perentorio–, mil 633 son promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 134 corresponden a denuncia de hechos, es decir, que tiene carácter penal.

El auditor, empero, evitó citar ese procedimiento, pero explicó que de las mil 633 promociones administrativas sancionatorias, en los casos correspondientes “los órganos facultados de la administración pública federal, estatal o municipal, deberán investigar las presuntas conductas irregulares de los servidores públicos y, consecuentemente, aplicar las sanciones que procedan”.

Bajo estas referencias contables, el auditor dijo a los diputados federales que los resultados de las revisiones “revelan que aún hay un largo camino por recorrer para el establecimiento, operación y evaluación de un suficiente y eficaz sistema de control en la gestión gubernamental”.

Adicionalmente, consideró, “la prevención de los riesgos de fraudes, abuso, desperdicio, irregularidades y los casos de corrupción, reside en las estructuras de control interno”.

Por tanto, planteó, es estratégico que los órganos encargados de evaluarlos tengan el diseño legal adecuado para que cumplan con eficacia su función de proporcionar información oportuna y suficiente sobre la operación y desempeño de las entidades de gobierno.

En ese ánimo recomendó que los titulares de las unidades de control interno deben serv designados con perfiles idóneos, sustentados en la experiencia, la competencia y el prestigio ético y profesional.

Igualmente, dijo, “insistiremos que la exposición al riesgo de corrupción en cada entidad debe ser medida de manera permanente y contrarrestada oportunamente, con controles internos efectivos para prevenir y detectar la posibles ocurrencia de actos corruptos, y debe estar apoyada en una cultura educativa al interior de la entidad que reafirme la honestidad e integridad de aquellos involucrados en los procesos de la dependencia en cuestión”.

Y es que, para el auditor Superior de la Federación, aún hay muchas tareas pendientes “para que el régimen democrático de nuestro país cuente con un sistema integral de rendición de cuentas, en el que se establezca claramente que para quien no cumpla su responsabilidad como servidor público, habrá consecuencias”.

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