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CIUDAD DE MÉXICO, 13 de octubre de 2017.- La corrupción, la omisión, la negligencia y la falta de aplicación de la ley costaron vidas y patrimonio de las personas afectadas por el terremoto del 19 de septiembre, consideró el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.
«Aún es temprano para aventurar conclusiones definitivas sobre estos hechos, pero es claro que la omisión, la negligencia, la corrupción y la falta de aplicación de la ley en este ámbito no sólo afectan la seguridad y el patrimonio de las personas, sino que cuestan vidas», dijo durante la presentación del estudio de protección civil y derechos humanos, realizado entre la Comisión y la UNAM.
En el día Internacional de la Reducción de Desastres González Pérez urgió a revisar y actualizar los reglamentos de obras y construcciones, tanto de la Ciudad de México como del resto de las entidades, y también a reforzar los mecanismos de seguimiento y supervisión de nuevas edificaciones.
«Las construcciones en nuestro país deben tener como premisa básica la protección y garantía de la integridad y vida de las personas. No hay interés económico o particular que pueda ser más valioso se la vida humana», enfatizó.
El ombudsperson nacional anunció que la CNDH trabaja con organizaciones sociales y académicos para tener protocolos de atención y recuperación en casos de desastres naturales.
«El propósito es contar con lineamientos o protocolos actualizados y específicos para nuestro país que garanticen la igualdad, la justicia y la no discriminación en la actuación de las autoridades y en particular en la atención a las víctimas y a sus familiares», expresó en la presentación, realizada en una sede alterna de la comisión, ya que la sede principal también resultó dañada por el sismo.