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CIUDAD DE MÉXICO, 26 de abril de 2018.- Activistas defensores de personas migrantes y refugiadas denunciaron que el crimen organizado se ha infiltrado en albergues de la Ciudad de México con el objetivo de secuestrar a los migrantes que fueron canalizados a estos sitios de atención y protección.
“Buscan seguir a los migrantes que vienen en la ruta, pues se han convertido en un negocio para ellos. Personas del crimen organizado se hacen pasar por migrantes para saber cuántas personas hay en un albergue y obtener información acerca de ellos”, denunció el padre Arturo González, director de la Red Servicio Jesuita a Migrantes y Servicio Jesuita a Refugiados.
En un comunicado, detallaron que durante el VII Encuentro ellas y ellos tienen la palabra, un diálogo entre defensores y defensoras de las personas migrantes, el religioso explicó que los delincuentes que se infiltran, se hacen pasar por migrantes, y los engañan haciéndoles la promesa de llevarlos a Estados Unidos, pero en realidad su objetivo es la trata de personas, reclutar y secuestrar.
Acusó que desde hace un año la organización criminal Mara Salvatrucha está presente en la frontera sur de México. Hacen la ruta que hacen las personas en tránsito desde Centroamérica y las persiguen hasta los albergues, por lo cual estos sitios se han vuelto vulnerables y peligrosos.
“Nos preocupa la seguridad de los migrantes, así como la de los defensores; muchos de ellos están dentro del mecanismo de protección porque tienen un nivel de riesgo alto y a veces el mecanismo no responde como quisiéramos”, señaló González.
Por su parte, la hermana María Magdalena Silva Rentería, directora del albergue Cafemin, explicó que a los albergues de la Ciudad de México llegan personas que han sido canalizadas de albergues del sur del país por ser migrantes que fueron localizados por sus persecutores. Muchos de ellos llegan con procesos regulatorios avanzados, pero los tienen que suspender por la urgencia de salir de los albergues. Con la infiltración del crimen organizado a estos sitios que brindan ayuda han tenido que cerrar sus puertas por el riesgo que existe.
La directora de Cafemin añadió que en el albergue que dirige hacen un acompañamiento jurídico para la regularización migratoria, al continuar los procesos que quedaron pendientes o abrir nuevos. Al respecto, denunció que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) tiene un rezago de atención de 17 mil personas, que siguen en espera de resolver su estatus migratorio; sin embargo, el argumento de esta dependencia es que el servicio se detuvo porque su edificio se dañó a causa del terremoto del 19 de septiembre. “Están infringiendo la ley por no dar el servicio a las personas que lo necesitan”, acusó.
“La CDMX se está convirtiendo cada vez más en una ciudad de destino de los migrantes. Este 2018 tenemos el doble de atención a la que se tenía un año atrás, de tal manera que la seguridad en los albergues está amenazada. Lo cual pone en una situación de riesgo a los defensores. No vemos un panorama alentador, esto se va a recrudecer”, dijo Silva.
El padre González recordó que la violencia contra los migrantes se ha incrementado desde que el gobierno mexicano puso en marcha el programa Frontera Sur para ordenar el flujo migratorio y, supuestamente, proteger sus derechos humanos y ponerlos a salvo del crimen organizado. Sin embargo, lo que realmente hicieron fue militarizar las fronteras.
“A partir del 2015, el plan se corrió al interior del país y empezamos a notar mayor presencia de todas las policías, desde la municipal, estatal, federal y el Ejército en diversos puntos. Lo que hemos detectado desde la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de migrantes (Redodem) es que existen cuatro delitos que más se han cometido contra los migrantes durante estos años: el robo, la extorsión, lesiones y el secuestro. Los cometen el crimen organizado y los policías, pero quienes encabezan los delitos (son agentes de) la Policía Federal, que además se lleva millones de pesos en extorsión a los migrantes”, acusó el defensor.
En octubre del 2017, la Redodem denunció que en 2016 las policías mexicanas recaudaron alrededor de mil millones de pesos (mdp) por extorsión, pues cobran a cada migrante alrededor de 100 dólares para dejarlos en libertad.
Además, durante 2016, la Redodem documentó que 34 mil 234 personas migrantes que transitaron en el país acudieron al menos a uno de los albergues-comedores, casas o estancias integrantes de la Red. Mientras que en 2015 se atendieron a un total de 30 mil 351 migrantes. El 58.57 por ciento son de origen hondureño; mientras que 17.6 por ciento, salvadoreños; y 12.8 por ciento, guatemaltecos.