Van por 43 factureras que se presume embaucaron 8 mil 212 contribuyentes

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de junio de 2020. — Las acciones en contra de los factureros fueron anunciadas finalmente por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) del Gobierno Federal, con un primer paquete de siete querellas que alcanzan a 43 empresas fraudulentas, que presumiblemente embaucaron a 8 mil 212 contribuyentes, o que se dejaron seducir por este ilícito que implica hasta a grupos del crimen organizado.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó durante la conferencia matutina de este martes, los detalles con Raquel Buenrostro Sánchez, jefa del SAT, y el procurador fiscal Carlos Romero Aranda.

“Se han dedicado, cuando menos de 10 años a la fecha, a defraudar a la Hacienda pública mediante el mecanismo de utilizar facturas falsas para no pagar impuestos, o no pagar completos los impuestos, es un gran fraude que se toleraba, una especie de huachicol pero esto con relación a lo fiscal”, contextualizó el Jefe del Ejecutivo.

Raquel Buenrostro Sánchez, jefa del SAT, explicó que las empresas factureras son organizaciones que simulan gastos, y con esas transacciones que no existieron disminuyen sus utilidades, y con ello sus impuestos, que sirven para fortalecer los programas sociales y obras públicas.

La funcionaria apuntó que las empresas que se han detectado no solo inventan gastos falsos, sino también para encubrir gastos y pagos ilícitos.

“Es una actividad ilícita, la disfrazan de una compra o venta del servicio, se factura el honorario de una persona cuando es un trabajo de contracción cuando lo que se está pagando es soborno, tráfico de personas, entre otros ilícitos del crimen organizado”, advirtió.

Detalló que la facturera vende la factura, pide una comisión por cada factura que expide, otra que compra la factura para pagar menos impuestos, no pagan contribuciones, ante el fraude no tienen empleados y generalmente no se localizan.

Indicó que son difíciles de comprobar conceptos como servicios generales de pintura de un edificio o compra de consumibles, como papelería, que es donde se realizan mayormente con este esquema simulado y fraudulento.

“La empresa se vuelve un socio comercial, lo que hace es ofrecer servicios que no existen”, en contribuyentes grandes.

En las empresas más pequeñas, se hace una labor de los factureros de puerta en puerta.

El estudio que se presentó en el Palacio Nacional es de 43 empresas fachadas y factureras, que alcanzaron un monto de 93 mil millones de pesos en transacciones, y sumarían 24 mil 583 millones del Impuesto sobre la Renta (ISR), y 11 mil 396 millones de pesos del  impuesto al valor agregado (IVA), tan solo en el año 2017.

La Jefa del SAT puntualizó que participaron 8 mil 212 empresas y personas con estas empresas factureras, con lo que dejaron de pagar en contribuciones totales 55 mil 125 millones de pesos.

“Las empresas factureras pagaron nómina, pero no pagaron al SAT la retención de ISR por 19 mil millones de pesos”, que es lo que se podría recuperar, por la fácil comprobación del fraude.

Buenrostro Sánchez refirió que habrá una convocatoria para regularizar la situación, a quienes fueron engañados, y quienes no se reporten tendrán que canalizarse a la Procuraduría Fiscal, encabezada por Carlos Romero Aranda.

“Vamos a enviar cartas a todos los contribuyentes a través del buzón tributario porque muchas veces estos contribuyentes participaron porque fueron engañados y sin darse cuenta están comprando facturas a empresas que están involucradas con el crimen organizado”, alertó.

El procurador Aranda refirió que se ataca a documentos que amparan operaciones simuladas, por que a lo largo de una década se ha hecho daño a la hacienda con prestanombres, donde incluso engañaban a personas de escasos recursos y domicilios fiscales en terrenos baldíos o zonas populares sin actividad económica relacionada a las factureras.

Indicó que van siete querellas penales por defraudación fiscal y lavado de dinero para tratar de equiparar a delincuencia organizada, porque se va contra las factureras y será un exhorto a los contribuyentes, bajo la premisa de que actuaron de buena fe.

“Se les van a dar tres meses para que se regularicen, sino se regularizan se presentarán las querellas contra quien compró las facturas, porque se presume que hay un contubernio”, dijo.

“Ante la falta de corrección de quien compró facturas, se presentará la querella en contra de quien deduce operaciones simuladas, personas físicas o morales, y contra quienes tienen o facturan operaciones simuladas, es decir, contra el que compra y contra el que vende, ¿qué sanciones tenemos?, por defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada tenemos hasta nueve años de prisión”, agregó.

Las acciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación es por el perjuicio al erario de 55 mil 125 millones de pesos, tan solo del ejercicio fiscal 2017.

“Aquí es donde vemos realmente el cambio verdadero en la parte fiscal, ha habido decisiones que ha tomado el Presidente de la República para que haya un antes y un después”, expresó.

Detalló que con la eliminación de compensación universal con que se hacían “verdaderos hoyos al fisco”, evitar la condonación de impuestos, y la reforma de factureras, a partir de 2020 se equipara la defraudación fiscal con delincuencia organizada, porque son tres o más personas que de forma reiterada hacen estas actividades ilícitas.