Criptocracia/Ernesto Villanueva

Después de la renuncia del ahora ex Ministro Eduardo Medina Mora por estar involucrado en presuntos actos de corrupción, es importante señalar- como me han escrito distintos lectores- que la corrupción y la impunidad adquiere un rostro de mayor agravio para los grupos más desprotegidos tratándose de juzgadores de primera instancia. No hay corrupción arriba y conductas probas abajo. Es el caso del juez 44 de lo penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Fernando Guerrero Zárate, quien tiene sobre sí antecedentes de corrupción graves. Por desgracia, los medios de comunicación sólo ponen atención en los casos de alto impacto mediático, pero se deja de lado conductas desplegadas por juzgadores que son invisibilizadas, generando con ello un círculo perverso. Lo más grave es que este tipo de juzgadores son los que más cercanía tienen con la gente de carne y hueso. Hay en los señalamientos que se formulan contra el juez Fernando Guerrero Zárate indicios de que se aparta de la ley. En efecto, veamos.

Primero. La Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal emitió la recomendación 7/26 de 2 de septiembre de 1996, que a la letra dice, en la parte conducente después de revisar un cúmulo de irregularidades y violaciones al debido proceso por parte del   juzgador Fernando Guerrero Zárate: “Primera. Que, en los términos de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común vigentes cuando se cometieron las conductas, se lleve a cabo el procedimiento para determinar la probable responsabilidad administrativa del Juez Noveno Penal del Distrito Federal, licenciado Fernando Guerrero Zárate y de su Secretario de Acuerdos B, licenciado René Gerardo Breña Anduaga, por los actos precisados en el capítulo de Observaciones. De resultar además presuntas responsabilidades penales, que se formulen al Ministerio Público las denuncias correspondientes”. La citada recomendación de la CDHDF no tiene desperdicio y pinta de cuerpo entero a Fernando Guerrero Zárate. (https://cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2014/03/reco_9607.pdf).

Segundo. Es de llamar la atención que el juez Fernando Guerrero Zárate, lleva más de 24 años como juez de lo penal sin haber solicitado su promoción o sólo ha sufrido cambio del juzgado del  noveno al 44 de lo penal. En casi todas las áreas basta el simple transcurso del tiempo para subir en la jerarquía institucional. Así sucede, por citar dos ejemplos claros, en la SEDENA donde un oficial por el paso del tiempo y con exámenes mínimos es totalmente probable que ascienda en más de un cuarto de siglo de subteniente a un grado superior. Lo mismo sucede en la Academia donde es poco menos que imposible que un profesor A de tiempo completo se mantenga con el mismo nivel durante un cuarto de siglo, máxime cuando el Tribunal capitalino es el que mayor número de magistrados tiene en relación a sus equivalentes en el mundo entero. Este 2019 ejerce un presupuesto de 5 mil 889 millones de pesos, contra 3, 434 millones de pesos para el poder Judicial del Estado de México. El juez noveno, Fernando Guerrero Zárate se siente muy cómodo como juzgador de primera instancia en el ámbito penal, lo que llama a sospecha por el natural propósito de la persona de subir en el escalafón, a menos que haya elementos que hagan atractivo rechazar cualquier promoción.

Tercero. Es de llamar la atención que los sentenciados por el juez noveno, ahora 44 de lo penal, Fernando Guerrero Zárate pertenezcan a los grupos más desprotegidos, razón por la cual carecen de los recursos para tener un equipo de abogados que les permita ir más allá de la sentencia de primera instancia, habida cuenta que además de las dos instancias en sede local existen dos sedes más en el ámbito federal. Es difícil pensar que se trate de una simple coincidencia. Y los Fernandos Guerrero no sólo son casos excepcionales en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, sino que se reproducen a lo largo y a lo ancho del país en perjuicio- como siempre- de quienes menos tienen.

Cuarto. De manera muy reciente el juez Fernando Guerrero Zárate ha llegado a extremos preocupantes por su violación sistemática al sistema legal y va a contrapelo de lo establecido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las llamadas garantías de seguridad jurídica y debido proceso. En efecto, en la causa penal 216/2018 que se generó por el daño patrimonial del patrimonio del señor Luis Francisco Molleda Cámara a manos del ahora procesado José Armando Arévalo Malváez, el juez le revocó el auto de formal prisión al procesado y le impuso la presentación semanal que una semana sí y otra también el procesado evade su cumplimiento con la obsecuencia del juez Fernando Guerrero Zárate donde ha sido omiso en el cumplimiento de la ley por razones no explicables desde el punto de vista jurídico y abre la posibilidad de que haya un red de corrupción de alto calado.

Quinto. Jueces como Fernando Guerrero Zárate no deberían ejercer bajo la lógica de la impunidad que lastima, como siempre, a los grupos más vulnerables. El Consejo de la Judicatura y nada es exactamente lo mismo en la capital del país. El Congreso local de la Ciudad de México y la jefa de gobierno deben hacer una cirugía mayor en el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX para que personajes como Guerrero Zárate sean sancionados y privados de la posibilidad de administrar justicia y el sentido de administración de justicia no sea más una frase retórica sin fundamento en los hechos.         

@evillanuevamx

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