Critica Álvarez Icaza a aparato judicial: “pinche justicia de mierda”

CIUDAD DE MÉXICO, 22 de octubre de 2016.- El ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Emilio Álvarez Icaza relató que hace unos días supo del caso de una señora vendedora de jugos en Acapulco, Guerrero, asesinada porque se negó a pagar el aumento de “derecho de piso”, de 200 a 400 pesos que le exigió la delincuencia organizada.

El ex ombudsman capitalino no se contuvo y mostró su indignación por el caso: “pinche justicia de mierda”.

Criticó que las autoridades no investigaran el crimen, que el Ejército, que se pasea con sus armas de alto poder, no defienda a la población, que la forma en que campean los grupos organizados de la delincuencia en algunos estados haya obligado al cierre de negocios en forma masiva, como ocurre en Tamaulipas.

Álvarez Icaza participó en el Encuentro por la Paz y la Justicia, en la Universidad Obrera y consideró que en México hay algunos estados con gobiernos paralelos, y que haya gobernadores que se comportan como caciques y dejen multideudas.

Cuestionado por uno de los asistentes sobre si la izquierda puede hacer algo para cambiar la situación del país, dijo que sí, pero vertió sus críticas hacia quienes simpatizan con dicha ideología aunque no se unen.

“Si se suma toda la fuerza de la izquierda gana, pero pinche izquierda está peleándose por sus munditos y su miseria”, expuso, en un foro dominado por izquierdistas y con la presencia de los ex gobernadores de Guerrero y de Michoacán y de extracción perredista, Rogelio Martínez y Leonel Godoy, respectivamente, así como el ex alcalde de Acapulco, Félix Salgado Macedonio y el senador Miguel Barbosa.

Pese a que estaban anunciados, hasta las 12:30 horas no habían aparecido los ex jefes de Gobierno, Cuauhtémoc Cárdenas y Alejandro Encinas.

Álvarez Icaza también cuestionó que el Gobierno federal a nivel externo se diga interesado en la defensa de los derechos humanos, pero desde febrero de 2015 ha sumado 16 enfrentamientos o conflictos con organismos internacionales de derechos humanos, que han expuesto las violaciones que ocurren en territorio nacional.

Uno de ellos es el de los cuestionamientos al Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), que analizó el caso Ayotzinapa y desbarató la “verdad histórica” (que quiso imponer el anterior procurador General de la República, Jesús Murillo Karam).

Otro fue la denuncia penal contra el secretario ejecutivo de la CIDH, es decir él cuando ocupó el cargo. Aseguró que no lo decía por él, pero que la denuncia fue algo que ni los gobiernos más autoritarios de América Latina hicieron. “Ni Alberto Fujimori lo hizo”, expresó.

Y dijo que pese a que México tiene el presupuesto más alto de América Latina para comisiones de derechos humanos, dichos organismos han perdido credibilidad.