Cuestión de confianza/Salvador Guerrero Chiprés

Las encuestas de la Presidencia de la República, las de Mitofsky y las del propio interesado indican que el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, tiene probabilidades de aspirar a la candidatura del PRI a la primera magistratura.

Se encuentra en el tercer lugar detrás de Manlio Fabio Beltrones y por supuesto de Miguel Ángel Osorio Chong. En una situación de claro deterioro del tricolor, las candidaturas de consenso, más allá de la decisión unilateral del primer mandatario del país, pueden en los meses siguientes adquirir una relevancia por el momento apenas sugerida.

La opción de Eruviel pasa necesariamente por la victoria del PRI en esa entidad donde un candidato débil y con escasa legitimidad, como Alfredo del Mazo, según los propios priistas que se construyeron “desde abajo” y una sensación de vulnerabilidad por el deterioro de la imagen del PRI y su principal dirigente real y formal, deberán ser superadas.

Ahora el mandatario mexiquense deberá enfrentar los datos que han comenzado a filtrarse y difundirse institucionalmente de la Auditoría Superior de la Federación.

El gobierno del Estado de México, espacio geográfico y político simbólico donde tiene lugar una elección estatal probablemente definitiva para el desenlace presidencial del 2018 y lugar de nacimiento del presidente Enrique Peña Nieto, incumplió disposiciones fiscales y administrativas por mil 943 millones de pesos en 2015.

Son recursos relacionados con obra pública, contingencias económicas, fondo metropolitano y apoyos al desarrollo turístico sustentable.

La información dada a conocer por la ASF obligaría, en un contexto de eficiencia democrática e institucional, a que la convergencia de competencias y facultades de un puñado de entidades contribuyera ejemplarmente al avance de la confianza en las instituciones mexicanas.

Integrantes del Instituto Nacional Electoral, de la Secretaría de la Función Pública, del recién nacido Sistema Nacional Anticorrupción, del Instituto Nacional para el Acceso a la Información y Protección de Datos Personales así como autoridades electorales y penales locales podrían resolver a la brevedad un caso que podría asociarse con recursos que podrían haber sido trasladados o a las cuentas privadas de algunos servidores públicos o a los recursos utilizables por un partido político para ganar la elección mexiquense.

Aunque la información fue conocida por medios de influencia nacional, hasta la tarde de este lunes no se había registrado ningún pronunciamiento significativo, esto es de liderazgos visibles e institucionales y con capacidad ejecutiva.

Al mismo tiempo el nerviosismo o entusiasmo, según el caso, por la acumulación de fuerzas que tiene lugar alrededor de Andrés Manuel López Obrador y el avance del criterio opuesto a él de construir un solo bloque que haga competitivo el intento de evitar su llegada a la Presidencia de la República, ocupan el centro de la esfera pública y, en particular de los agentes al frente de ellas.

Todo ello constituye ese síntoma de lo mexicano en el cual se habla del problema más acuciante -la corrupción-, se decide fortalecer capacidades institucionales frente al mismo, pero ante un evento que lo implica de manera altamente probable no se inicia como en total urgencia una disposición pública y contundente para aclararlo y sancionarlo.

La credibilidad de las instituciones debe asociarse crecientemente con las acciones y con los resultados.

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