Cuestión de confianza/Salvador Guerrero Chiprés

Delincuencia carcelaria

Felipe Téllez Ramírez, quien era el coordinador de los Centros de Ejecución de Sanciones (CEDES) en Tamaulipas, donde el gobierno dice tratar y trata de poner orden en las cárceles, fue ejecutado este lunes.

El mismo día, el INEGI dio a conocer datos reveladores del rezago en materia de justicia penal que son una de las variables para entender y explicar la situación vivida por México ante el gran tema de la violencia y el de la justicia.

La sobrepoblación carcelaria, los autogobiernos en los penales, la construcción de túneles, la corrupción de los custodios y las amenazas contra ellos y sus familias, así como la resistencia de grupos criminales a que se modifiquen los lugares donde se cumplen las sentencias son algunos de los problemas de aquella entidad y de todo el país.

Otras variables son medidas por el INEGI.

El desarrollo y presentación de investigación nueva sobre personas detenidas no hace sino confirmar la ominosa discrepancia entre la retórica y la realidad en materia de justicia y retención de presuntos responsables.

Una tercera parte de las personas presas no ha recibido sentencia en un contexto en el cual el “Nuevo” Sistema de Justicia Penal inició una reforma de ocho años, concluida hace un año, y donde existe, de dientes para afuera, el compromiso de los estados de proveer defensorías de oficio en ausencia de los abogados privados.

La oferta de modernización del sistema de justicia en su parte penal penitenciaria, además de la omisión ocurrida con lo policial y el funcionamiento de los tribunales, no se ha cumplido.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), del INEGI, la primera en su tipo realizada por esa institución, el 29.6 por ciento de las 211 mil personas presas en todo el país, alrededor de 62 mil 500, no ha recibido sentencia.

De ese total más del 43 por ciento lleva en espera de la resolución de su caso más de dos años.

Una tercera parte de todos los detenidos sostiene haber sido víctima de un delito dentro de prisión; una quinta parte asegura haber padecido extorsión y una vigésima parte, al menos, del total habría sido víctima de algún delito sexual, según los testimonios y los datos agregados del INEGI presentados ante la prensa este martes.

Además, alrededor del 32 por ciento de las personas no fueron informadas de los motivos de su detención, una cuarta parte fue presionada para aceptarse culpable y más del 45 por ciento fue declarada culpable por haber reconocido los hechos cuando el sistema de justicia penal obliga al Estado a demostrar la culpabilidad más allá y con independencia de la autoinculpación.

Los datos del INEGI arrojan luz sobre uno de los rincones del sistema de justicia más oscuros de nuestro país.

Las dimensiones mencionadas y las detalladas en el estudio no contribuyen a incrementar la confianza en las instituciones, además del INEGI, por supuesto.

La apuesta por la vigencia del Estado de derecho y la eficiencia medible de las instituciones carcelarias están vinculadas con la capacidad del mismo sistema de hacer valer el “nuevo” Sistema de Justicia Penal. No ocurre.

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