Cuestión de confianza/Salvador Guerrero Chiprés

Los diablillos de Morelos: Graco y Vera

Un juez concedió un amparo que por el momento desactiva la orden de aprehensión que fue dirigida contra el rector de la Universidad Autónoma de Morelos (UAEM), Alejandro Vera y proveniente de la Fiscalía Anticorrupción de Morelos.

A ese directivo universitario y a su esposa se les acusa de enriquecimiento ilícito.

Este miércoles el Frente Amplio Morelense (FAM) realizará, ha anunciado, una clausura simbólica de oficinas gubernamentales en esa entidad donde se vive uno de los actos que podrían repetirse a lo largo de los siguientes meses conforme se extingan las administraciones de quienes en Morelos, y en todo el país, ejercen poder cuadrienal o sexenal en México: un acto en que el prólogo de la disputa del poder se ha inaugurado con toda intensidad en varias entidades y está por hacerlo a nivel federal.

No es simple bullying.

Se trata no solamente de la pelea por la gubernatura y de la rectoría de las universidades públicas las cuales no son ejemplos de transparencia como tampoco lo son la mayoría de los gobiernos de los estados a juzgar por los estándares locales y federales de rendición de cuentas. Se trata de cómo quienes encabezan instituciones y gobiernos, se asocian o distancian de quienes buscan el poder político.

Irregularidades son reconocibles, para empezar en materia de transparencia, de una y de la otra parte.

En Morelos agrupamientos rivales ensayan estrategias de colisión en cuanto terminen sus respectivas administraciones.

El gobernador Graco Ramírez ha manifestado claramente su intención de enfrentarse a los opositores a su gobierno, provenientes de un grupo plural, el FAM, que, entre otros, es encabezado por el rector de la universidad pública morelense, Alejandro Vera, el perseguido del momento.

Graco instruyó a Juan Salazar, antes consejero jurídico del gobernador y hoy fiscal anticorrupción, a liberar la mencionada orden de aprehensión.

El funcionario asegura que Graco no está vinculado a la decisión. Sin embargo, la trayectoria de Salazar, asociada a la supeditación al gobernador, así como la naturaleza apropiadamente maleable de su personalidad, hacen imposible la desvinculación que ha estado enfatizando en las últimas horas.

El mandatario perredista, según al prensa local, busca colocar a tres integrantes de su familia en posiciones de poder en el trayecto hacia 2018, siendo el más relevante su hijastro y líder del PRD en la entidad, Rodrigo Gayosso. Lo quiere como gobernador.

El de Gayosso es el único caso en todo el país en que un gobernador respalda a su propio hijo o, en este caso, hijastro, para ser el líder de su partido en el gobierno mientras el mandatario es el jefe de la administración correspondiente.

Al aspirar Vera a la misma gubernatura, se ha convertido en adversario de Graco desde hace cuatro años.

El operativo ostentoso dirigido presuntamente a detener a Vera, realizado en la casa del académico y activista durante la madrugada del fin de semana, ocurre pocos días después de las críticas dirigidas por Vera y Javier Sicilia contra Ramírez, presentadas ante senadores que respaldan a los opositores de Graco.

Si Graco hubiera querido detener a Vera, pudo haberlo hecho a plena luz del día y sin el despliegue aparatoso de que dieron cuenta como nota principal Reforma y La Jornada de este domingo. El montaje parece más bien construido para enfatizar que ha subido el nivel de confrontación así como para exhibir la determinación del mandatario de imponer su voluntad, pero no para encarcelar a Vera.

De otra parte, el rector no se caracteriza por la mayor transparencia aconsejada por la ley ni por los organismos garantes locales ni el federal. No han sido solventadas claramente las observaciones a la universidad que encabeza y emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, institución donde se sabe que no solamente la UAEM tiene problemas de opacidad, pues registra prácticamente en todas la universidades públicas del país.

Vera ha administrado recursos de manera desconocida para diversos segmentos laborales y académicos y no solamente en opinión de los perredistas de Graco que han desplazado al resto del perredismo morelense, buena parte de del cual se ha ido a Morena, como en todo el país.

El rector, sorprendentemente, respondió con la toma del congreso de Morelos en julio de 2015 a la aprobación del sistema estatal anticorrupción de esa entidad, en un paquete de resoluciones que incluyó un instrumento fiscalizador de la UAEM cuyo titular es designado por el poder legislativo local.

Para Vera, la rendición de cuentas debe ser un ceremonial intramuros en abierto contraste con el estándar nacional aprobado ya en México y que continúa inacabado. Por ello acusó “violación a la autonomía universitaria”.

Graco Ramírez y Vera, conforme avanzan las respectivas terminaciones de sus gestiones, coincidentes con el inicio del año electoral 2018, estarán creciente e igualmente obligados a detallar la gestión y uso de recursos durante sus respectivas gestiones.

Son la primera historia donde se demuestra que el propio Sistema Nacional Anticorrupción está sujeto a la voluntad política real de los actores encargados de operarlo en los estados: ni en el ejecutivo estatal ni en la universidad pública existen ejemplos de transparencia al momento de instruir la ejecución del sistema o al instante de cumplir.

En México es más importante la voluntad política que la ley para avanzar o retroceder.

Morelos buscó ser ejemplo de las prácticas de un gobierno abierto y del nuevo sistema de justicia penal que obliga a la conciliación ante delitos no graves como el imputado a Vera, quien, por otra parte, no es ningún angelito de la transparencia. A juzgar por la evidencia hay severa controversia sobre si lo conseguirá al cerrarse esta administración en 2018.

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