Cuestión de confianza/Salvador Guerrero Chiprés

Liberación como acto de justicia

@guerrerochipres

En contraste con el ejercicio rígido e intolerante generalmente atribuido a los gobiernos, el actual, no siéndolo, ha antepuesto actos humanitarios en defensa de personas vulnerables, víctimas de un proceso discriminatorio o que se encuentran en prisión tras ver vulnerados sus derechos humanos.

Las personas privadas de su libertad (PPLs) habían sido el último eslabón en cuanto a garantías individuales se refiere. La percepción tradicional que había permeado las acciones de la autoridad se centraba en la pérdida de todo derecho una vez que fueron señaladas por cometer un delito y enviadas a la cárcel.

Por años, una práctica común para obtener una confesión incriminatoria fue la tortura, psicológica o física, que era suficiente para que el imputado fuera privado de su libertad en espera de una sentencia que podía tardar años en llegar.

En respuesta a esas irregularidades heredadas, en agosto pasado, la autoridad federal emitió un decreto para que los reclusos del fuero federal sin sentencia, torturados, adultos mayores o enfermos graves, pudieran obtener su libertad. En septiembre, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, hizo lo mismo en la capital de la nación.

Semanas antes de que fueran expedidos los decretos, una mujer indígena sentenciada a 65 años de prisión por secuestro ya había sido liberada del penal de Santa Martha Acatitla, donde estuvo casi 11 años presa. Basados en el Protocolo de Estambul se determinó que María Isabel era inocente y había sido torturada.

En busca de esos casos de abuso, el gobierno de la CDMX identificó 40 expedientes de mujeres y hombres presos en situaciones similares a las que plantea el decreto de excarcelación.

Los gobiernos que se precian de respetar y atender los derechos humanos saben mirar en todas direcciones e identificar los sitios donde están las personas más vulnerables. La liberación de quienes fueron apresados de manera injusta es la mejor forma de pedir perdón, buscar resarcir a las personas por el daño sufrido y reconocer los errores del pasado para no repetirlos en el presente ni el futuro.

La ciudadanía debe saber que quienes son acreedores a estos beneficios son personas que fueron acusadas injustamente, que padecen enfermedades terminales o crónico-degenerativas o de la tercera edad, que cometieron delitos no graves.

La excarcelación tiene como virtud la transparencia y un análisis cuidadoso detrás. La réplica de la acción en la CDMX será agilizada a nivel federal por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien incluso dijo «ya nos ganó” la Jefa de Gobierno.

La justicia les corresponde a todas las personas, no solo a quienes están en libertad. Y esa es una labor de gobiernos comprometidos con los derechos humanos, incluso para quienes, según interpretaciones predominantes de la ley, han dejado de ser ciudadanos.