Cuestión de confianza/Salvador Guerrero Chiprés

Otra vez el ducto Tuxpan Azcapotzalco

Numerosas complicaciones, relacionadas directamente con las capacidades del Estado Mexicano de vigilar sus fronteras internas de seguridad nacional se han comenzado a evidenciar tras el combate al huachicoleo.

La determinación de los cómplices del desfalco nacional a Pemex plantea un escenario cuya resolución es fundamental en el esfuerzo anticorrupción de la Presidencia de la República.

Con el informe de que por quinta ocasión, compartido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se ‘pinchó’ el gasoducto Tuxpan-Azcapotzalco, queda confirmada la disposición operativa desafiante de criminales, sean estos pobladores cercanos al canal de distribución, actores de gobierno adversarios al Ejecutivo u organismos estructurados de actividad delictiva de espectro amplio para los cuales el huachicol es uno de los negocios a los cuales se han extendido, especialmente durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

La actitud consolidada en ellos, desde la cual se construye la decisión de enfrentar al Estado Mexicano, debe ser valorada desde varios puntos de vista.

Primero, 800 elementos anunciados para custodiar día y noche el ducto que recorre 311 kilómetros, así sean apoyados por visión nocturna y con la coadyuvancia operativo-aérea, es probablemente un número muy insuficiente. Mismo que, además, deberá ser mantenido a lo largo de la administración mientras no sea completamente desmontada la capacidad estratégica de los grupos del crimen organizado.

Segundo, se anuncia con esa capacidad de “pinchar” la mismísima disposición gubernamental contra el huachicol, una apuesta criminal a favor del mantenimiento del estado de cosas en cuyo contexto los delincuentes han acrecentado su control territorial, su influencia económica, su impacto pseudocultural para ofrecer una forma de vida basada en la ilegalidad y la corrupción de autoridades trabajadores de Pemex, gasolineros, piperos y grupos de asaltantes diversos adheridos al “ducto” corruptor y corrompido del país.

Tercero, se obliga al Estado Mexicano a generar formas de coordinación rotundamente eficientes desde un punto de vista preventivo y operativo para atender el riesgo que la reducción del huachicoleo y por lo tanto de toda la actividad económica y social relacionada con él impacte a otros delitos. Destacadamente, el robo a los ferrocarriles que masivamente ha ocurrido en varias ocasiones en la misma zona de Veracruz y Puebla que es la ruta de entrada de mercancías paralela a la del ducto.

Cuarto, el Estado Mexicano está obligado, por la propia determinación de su jefe político, a evolucionar su estrategia de comunicación más allá de aspectos de diatriba en contra de adversarios interesados o no, en el fracaso de la estrategia de confrontación del huachicoleo; más allá del apoyo claramente mayoritario que tiene AMLO, aún más que en el proceso electoral en que venció, la comunicación del gobierno requiere matices, pertinencia, mejor oportunidad y capacidad de persuasión para defender y codefender los intereses nacionales.

La narrativa en contra de la corrupción está integrada por un vocabulario a favor de la soberanía y la dignidad nacional que tiene una oportunidad que no madurará sin lucha colectiva y sin previsión y perseverancia de largo plazo.

En las semanas por venir observaremos las capacidades y habilidades estratégicas y operativas del nuevo régimen ante el heredado asedio a la riqueza nacional.

@guerrerochipres