Cuestión de confianza/Salvador Guerrero Chiprés

Una constitución sin consenso social

¿Cómo es posible que algo que estaba tan bien en realidad esté tan mal?

¿Qué ocurre con la comunicación entre los actores políticos y sus dirigentes, entre la sociedad y sus presuntos representados, y entre éstos y sus actitudes que puede reducir a un nuevo lío político lo que parecía un avance muy importante, según la expresión de un presidente, de un secretario de Gobernación o de un Jefe de Gobierno?

A pesar de la retórica experta y experiencia abrumadora de Porfirio Muñoz Ledo, hoy se equivoca. La Constitución no es un hecho político consumado en la capital del país. No lo es en el sentido de que el tema no está concluido y de que comienza a estar realmente entrecruzado por los intereses, lógicas normativas y capacidades de comunicar que son heterogéneas, contradictorias o primarias… por decir lo menos.

Existen dos elementos por los cuales una constitución es consistente y representativa: está avalada por su propia coherencia interior (su dimensión de coherencia normativa) y por las fuerzas políticas efectivamente dominantes de la soberanía que se dice representar (su dimensión política cohesiva).

La Constitución de la Ciudad de México parece no contener ningún de esos dos factores. La evidencia está a la vista, a menos de que hubiera solamente falsedad en las impugnaciones.

En primer lugar, la consistencia interna está siendo impugnada por instancias del poder ejecutivo federal y del poder judicial federal y local, así como por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Senado, aunque respaldada, apenas ayer, por la Comisión de Derechos Humanos capitalina o, antier, por el PRD.

En segundo lugar, desde el punto de vista de la representatividad real de la capacidad de poder, es cuestionada nada menos que por la fuerza política mayoritaria en la capital del país: Morena.

Los integrantes de diversas fuerzas partidarias actuaron a favor de la votación de un texto constitucional que ahora instancias de poder cuestionan. O actuaron por su cuenta o cambiaron los posicionamientos de sus líderes o dirigentes reales o ambas.

La respuesta del PRD ante el nuevo lío, aún con el poder en la CDMX, no parece ser muy apropiada para una audiencia capitalina capaz de mayor inteligencia que la de muchos de sus liderazgos políticos formales. “No nos arrebatarán de los brazos de la historia”, dijo el secretario de Movilidad, Héctor Serrano, principal operador político del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. De parte de la dirigente nacional del PRD, Alejandra Barrales, se presenta el argumento de que hay “mucho trabajo” de expertos, que “ya se votó” y que “no se vale”; y de Manuel Granados, el Consejero Jurídico que presentó el primer proyecto y cuya principal intervención en defensa del resultado es el silencio.

Algunos intelectuales, vinculados consanguineamente con opciones de poder dentro del PRD, han decidido comentar con tanta cautela como discreción editorial o guardar silencio, que uno ya no sabe si actúan con más sagacidad política que los políticos profesionales o simplemente esperan mejor momento para intervenir a partir de su propia intervención pragmática en el tema.

En vez de plantear la posibilidad de un verdadero debate capitalino, de reconocer que los legisladores que participaron en la elaboración del documento no fueron directamente electos y de eventualmente estar dispuesto a discutir aquello que es inconsistente o imperfecto a la luz de otros expertos, el PRD parece inhabilitado para encabezar el debate que socializaría claramente la utilidad y aliento del acuerdo.

La Constitución que, por otra parte, no ha sido aprobada directamente por la ciudadanía capitalina. Como sabemos, fue convocada solamente para elegir a la minoría representada en el Constituyente: fueron electos directamente solamente el 40 por ciento de sus integrantes con un abstencionismo de 72 por ciento. De los diputados constituyentes solamente uno fue independiente y fue incluido a pesar de no cumplir con los requisitos de elección, ello en el doble discurso de facilitar la intervención ciudadana “independiente”, pero impedir estructuralmente la intervención de voces distintas a las de los partidos.

No generan confianza ni la cerrazón ni la incapacidad, como tampoco genera confianza y legitimidad social la falta de claridad en el procesamiento político de lo que llaman la Constitución de la  CDMX, cuya relevancia específica, más allá de sus contradicciones y aparentes avances, no está claramente identificada por la población de la capital… tal vez más del 90 por ciento de ella.

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