Culiacán, el síndrome/Julio Santoyo Guerrero.

Como en varías de las instituciones del gobierno federal en la de seguridad se operó una transformación profunda. Se modificaron las leyes, se instituyó la Guardia Nacional y se desapareció a la Policía Federal. Casi desde el inició de este gobierno se procedió con furor a tumbar el entramado institucional previo para crear uno nuevo que asegurara con eficiencia el máximo objetivo: la seguridad y la paz pública.

La «guerra contra el narco», se dijo, ha terminado pues lo que se hizo en el pasado fue «apalear el avispero»; se deben atacar las causas de fondo: la pobreza, el desempleo, la falta de oportunidades educativas; debe privilegiarse la paz: «abrazos y no balazos» y las masacres deben acabarse. Incluso hubo llamados para que los cárteles del narco depusieran las armas y se abrieran los caminos para la paz. A partir del cuarto mes de gobierno y presionados por la exigencia pública que daba testimonio del crecimiento de los actos delincuenciales, se ofreció que en seis meses comenzaríamos a ver resultados.

Los cárteles del narco han hecho oídos sordos a los llamados de buena intención gubernamental. Los programas para abatir la pobreza y la generación de oportunidades educativas y de empleo, no han pegado en las motivaciones profundas que tienen los jóvenes que se involucran con las bandas criminales, y difícilmente lo tendrán porque los efectos previstos tienen como temporalidad el paso de generaciones. Hasta ahora, ningún cartel ha hecho pronunciamiento alguno ofreciendo su voluntad para alcanzar la paz, más bien lo contrario han profundizado los niveles de violencia y  aprovechando la «misión de paz» de la Guardia Nacional, la han humillado y le han pegado en el honor.

Hasta ahora el haber desmontado la previa institucionalidad que encaraba a la delincuencia organizada no ha dado resultados reconocibles. La semana pasada y con muchos requiebres estadísticos el Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, trató de justificar un «punto de inflexión» de la actividad delictiva, es decir, trató de alentar el optimismo público. Eso lo afirmó el lunes 14, el jueves 17 ocurría el error por «precipitación» en Culiacán.

El error de Culiacán expone la fallida política de seguridad del gobierno federal. La narración oficial de seis versiones distintas de lo ocurrido habla de la desarticulación atroz de las instituciones que debieran estar plenamente coordinadas. Descoordinación que proviene desde el contenido mismo de las leyes que rigen a la Guardia Nacional y la operatividad de la Secretaría de Seguridad Pública. Hace notar que el desmantelamiento de la Policía Federal y la reforma del sistema de inteligencia no fueron debidamente pensados.

El error institucional de Culiacán y el fallido enfoque de «abrazos y no balazos» ya estaba presente en el mes de mayo en La Huacana, Michoacán, cuando reconocidos criminales desarmaron y sometieron a militares en donde exigieron y lograron que le regresaran armas y una ametralladora Barret 50. Estaba anticipado en sucesos previos en que elementos de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y la Marina fueron lapidados, apaleados y pateados por «pobladores» sorprendidos en actos delictivos o protegiendo a grupos criminales.

Preocupa que el gobierno federal se empeñe, después de la tragedia de Culiacán, en seguir a raja tabla el guión de una política de seguridad que no da resultados y que está precipitando al descrédito a instituciones fundamentales para la gobernabilidad del país como el Ejército y la Marina … y la del propio Ejecutivo. La renuncia del Gabinete de Seguridad, que debe ser obvia, tiene que ser seguida por una modificación del enfoque y principios que han demostrado su inutilidad. La voz de expertos que quedaron encarpetadas en las varias consultas que se hicieron durante las campañas y previo a la toma de posesión debieran ser al menos releídas y reconsideradas.

Si el gobierno federal sigue operando con la misma doctrina, enfoque, estrategias y modos de coordinación, tendrá resultados semejantes a los de Culiacán o tal vez peores porque los cárteles ya comprendieron cuál es su debilidad. Obsequiarle al crimen victorias gratuitas es deplorable pero sólo puede ser comprendido por el hecho de que toda la estrategia está mal planteada. El problema no está en si fue correcto o incorrecto liberar al delincuente, el problema mayor está en cómo llegaron hasta ahí y cómo fue que se metieron ingenuamente a la emboscada  las instituciones federales del sistema de seguridad pública.

La precipitación, improvisación y superficialidad que ha distinguido el diseño de las políticas públicas del gobierno en turno ya genera resultados poco afortunados. No vaya a ser que el síndrome Culiacán brote en otros temas críticos como la economía, la salud, la educación, la migración, el medio ambiente, el campo y otros en donde se han tomado decisiones harto controvertibles.