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CIUDAD DE MÉXICO., 4 de diciembre de 2019.- El Centro Penitenciario de Máxima Seguridad de Puente Grande, en Jalisco, se ha convertido en un foco creciente de atención.
Aunque en teoría los complejos penitenciarios de delitos del fuero común y los de máxima seguridad se distinguen, entre otras cosas, por los niveles de control. La figura del autogobierno en las cárceles de mediana seguridad, la mayoría de las existentes en el país, es una realidad palmaria.
Los internos tienen en mayor o menor medida los mecanismos de control de lo que sucede en esos penales. Aunque los considerados de Máxima Seguridad fueron concebidos para que esas prácticas fueran inexistentes o reducidas a su mínima expresión por los controles institucionales establecidos y la falta de comunicación entre los internos, así como los perfiles de custodios y del personal que son sometidos a exámenes de control de confianza periódicos para corroborar su idoneidad en sus cargos.
Pero es en el centro federal de Puente Grande donde este principio general ha sido nulificado y el autogobierno ha adquirido una fuerza muy importante.
Hace apenas tres meses hubo tres muertes de internos en “condiciones atípicas” según dio cuenta Reporte Índigo en su edición del 11 de septiembre del presente año.
De acuerdo a una inédita carta pública de un grupo de familiares de internos y custodios de ese penal de máxima seguridad se da cuenta de “la situación que están viviendo los internos y sus compañeros de seguridad y custodia”.
La situación- aseveran- es “insostenible e insoportable” y “tememos por nuestras vidas y las de nuestras familias”.
El comunicado denuncia: “llevamos ya meses trabajando bajo amenazas por parte de integrantes del cartel Jalisco Nueva Generación, quienes estaban arreglados con el anterior director.
Sin embargo, la actual directora, Jeztael Elena Martínez Cisneros, se ha resistido a ser sobornada y comprada por los líderes del Cartel de nombres Abundio Mendoza Gaitán, quien es pariente de los cuinis y es el jefe máximo de dicha organización en el interior de este centro federal.
En segundo lugar, se encuentra César alias El Tornado, quien desde el interior del Centro Federal con el uso de celulares Iphone controla las actividades del Cartel Jalisco Nueva Generación en el Estado de Veracruz.
El siguiente en orden jerárquico es Daniel Quintero, quien controla el área metropolitana de Guadalajara. Todos ellos tienen acceso a radio frecuencias.
Los denunciantes apuntan que “para controlar el interior del centro federal se valen de tres grupos de pandillas que son Los Paisas. quienes se encuentran bajo las órdenes de Demetrio alias El Escorpión, otra pandilla es ELK de los sureños que responden a El Rallas y finalmente el grupo de Los Aztecas que dirige el comandante Bratt.
Por medio de estos grupos se distribuyen drogas, alcohol e incluso se rentan celulares para que sean usados por la población penitenciaria. El encargado de este último negocio es un Demetrio.
Los tres líderes del Cartel Jalisco tienen información de nosotros, saben dónde vivimos y en que autos nos movemos. Nos sentimos frustrados de que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, ha hecho caso omiso de estas anomalías y sabemos que la actual directora también sufre este tipo de presiones por eso hoy lo hacemos público para que la gente sepa lo que pasa”.
Asimismo, en el comunicado se pide “el apoyo del gobierno federal para que César y Daniel Quintero (Abundio ya fue trasladado a otro centro) sean transferidos a otro complejo federal en donde el cartel al que pertenecen no tenga influencia territorial, puesto que si bien es verdad que uno de los criterios de reinserción social es acercar internos con familiares, en los casos más graves de crimen organizado se ha adoptado el criterio contrario para evitar lo que hoy pasa en Puente Grande donde ejercen control.”
De la misma forma, se afirma que “la realidad es que el centro federal 2 vive de un autogobierno. Y es una bomba de tiempo que va a explotar en cualquier momento.