Dan prisión preventiva a médico que alega uso legal de fentanilo

CIUDAD DE MÉXICO, 31 de agosto de 2023.- El juez Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Alfonso Olachea Aragón, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en La Paz, Baja California Sur, en funciones de juez de Control, determinó prisión preventiva oficiosa en contra del médico Gustavo A., quien alega uso médico y legal de fentanilo, en Los Cabos, Baja California Sur.

La Fiscalía General de la República (FGR) formuló imputación en audiencia inicial, por su probable responsabilidad en los delitos de contra la salud, en la modalidad de posesión de fentanilo, morfina, efedrina con fines de suministro y posesión simple de Delta-9-Tetrahidrocannabidol (THC).

Al anestesiólogo le fueron encontradas ampolletas con fentanilo, efedrina, morfina y Delta-9-Tetrahidrocannabinol (THC), luego de que se ejecutó orden de cateo, autorizada por un juez de control federal.

La defensa del imputado solicitó la duplicidad del término constitucional para que el juez resuelva su situación jurídica, plazo que se cumplirá el próximo martes 5 de septiembre del presente año, cuando se reanude la audiencia”, subrayó la FGR, en un comunicado.

Y el juzgador, al dictarle la prisión preventiva oficiosa, le ordenó que, en un plazo no mayor a 36 horas, se interne en el Centro Penitenciario en La Paz, Baja California Sur, en espera de la audiencia correspondiente, puesto que este jueves, el imputado estuvo vía videoconferencia, ya que se encontraba en Querétaro.

Pide a CIDH garantizar su vida y libertad

Apenas este miércoles, el médico presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud de medidas cautelares, a fin de que se le pida al Gobierno mexicano garantice su vida, libertad y patrimonio.

En un comunicado, indicó que explicó en la solicitud que lo anterior es “en virtud de que el contexto político, económico y social, bajo el cual me encuentro, representa un caso de urgencia que materialmente se visualiza como un latente daño irreparable, pues existe un riesgo actual, real e inminente de que se vulnere mi integridad física, derecho humano a la vida, libertad y mi patrimonio, máxime que existen antecedentes del estado mexicano fabrica delitos”.

Compra avalada por Cofepris

Argumentó que con motivo de su práctica profesional, adquirió de manera legal un total de cuatro cajas de fentanilo de uso médico, con seis ámpulas de 10 mililitros (ml) cada una: “ya que yo radicó en la ciudad de Los Cabos, Baja California Sur y en esta entidad se ha venido enfrentando el desabasto o la falta de existencias del citado fármaco, que es altamente necesario y fundamental para la realización de procedimientos anestésicos”.

Añadió que la compra del citado fármaco se efectuó en una farmacia en Guadalajara, Jalisco, debidamente avalada por la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), mediante el uso de un recetario especial para medicamentos controlados con código de barras también autorizado “y como parte de la compra efectuada, recibí, como siempre, un correo electrónico de parte de la misma institución, para notificarme que dicha receta había sido surtida”.

Señala extorsión de autoridad

El 24 de junio del año en curso, mientras estaba fuera de su casa, llegó personal de la FGR, en un operativo conjunto con elementos de la Marina Armada de México, Policía Municipal, con el apoyo de perros entrenados y drones y le informaron que se encontraban ahí para ejecutar una orden de cateo.

Ante las autoridades, subrayó, demostró la legalidad de los medicamentos, así que mientras se resolvía el caso de su domicilio, fue interceptado por la persona que momentos antes había estado en la oficina de la licenciada de nombre Iliana Patricia Figueroa Romero, quien estuvo presente en el cateo y le dijo que había dos caminos para arreglar la situación, uno corto y otro largo y obviamente le preguntó en qué consistían y respondió que el corto implicaba la entrega de 600 mil pesos en el momento, para cerrar el tema y el largo: “yo no se lo recomiendo, porque usted sabe que estas cosas se complican”.

Ante ello, promovió un juicio de amparo indirecto buscando los efectos de que se retirara el aseguramiento a la casa donde habita; una vez otorgada la suspensión y durante el levantamiento de los sellos, se presentó gente del ministerio público (de la cual no cuenta con nombre ni área a la que está adscrita) a notificar de nueva cuenta el aseguramiento del inmueble, argumentando que existía una carpeta de investigación, pero ahora en contra de su esposa y la propietaria del inmueble.

Lo anterior deja ver que los Agentes del Ministerio Público han emprendido una persecución legal en contra de los doctores Mónica Imelda Jáuregui Agúndez y Gustavo Darwin Aguirre Castro, con la finalidad de extorsionarlos para obtener un beneficio económico a cambio de desistirse de la acción legal, abusando de la autoridad con que les enviste la FGR y violentando sus Derechos Humanos”, señaló.