Darán hasta 7 años de prisión por violencia política de género

CIUDAD DE MÉXICO, 28 de noviembre de 2019.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen para adicionar el artículo 20 bis a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, para tipificar la violencia política de género como delito electoral, con sanciones que alcanzan hasta siete años de prisión.

El dictamen, resultado de iniciativas presentadas, una por la priista, Lucero Saldaña y la otra por diputados de Morena y Partido Verde el pasado 30 de abril, fue avalado por unanimidad en lo general y en lo particular con 417 votos y se turnó al Senado para su análisis y eventual ratificación.

Durante la fundamentación del dictamen, la presidenta de la Comisión de Justicia en San Lázaro, María del Pilar Ortega, destacó que combatir la violencia política en contra de las mujeres ha sido una las mayores luchas, incluso, refirió que en el proceso electoral de 2017-2018, hubo una ola de violencia focalizada a las mujeres en política, por lo que, afirmó, esta reforma será necesaria de cara al proceso electoral de 2021.

De acuerdo al documento, se estipula que se impondrá de 100 a 400 días de multa y prisión de uno a tres años al que, por razones de género, menoscabe o anule el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos político-electorales de una o varias mujeres.

En tanto, si se empleara violencia física, violencia sexual o amenazas, se impondrá pena de cuatro a siete años de prisión; asimismo, establece sanción de seis meses a tres años de prisión a quien emita propaganda política o electoral con elementos denigrantes en contra de una precandidata, candidata o de una mujer que ocupe un cargo público, o de algún tercero con quien guarde relación familiar.

En caso de que quien cometa el ilícito sea un candidato, precandidatos o funcionario partidista, la pena se incrementará hasta en un tercio de la que se imponga.

Mientras que, en sus artículos transitorios se ordena a los congresos estatales a armonizar su respectiva legislación conforme a lo establecido en el decreto, en plazo de 90 días a partir de la entrada en vigor de la reforma.