De 1.3%, probabilidad promedio de esclarecimiento del delito en México

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de septiembre de 2019.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) afirmó que México enfrenta una grave problemática en materia de procuración y administración de justicia, lo que se refleja en los insuficientes resultados que la Fiscalía General de la República (FGR), así como las procuradurías y fiscalías estatales tienen ante la crisis de impunidad e inseguridad que se vive.

Lo cual indica que a nivel nacional la probabilidad promedio de esclarecimiento de un delito es de 1.3 por ciento, mientras que en Guerrero es de 0.2 por ciento, lo que significa que solo uno de cada 500 delitos en esa entidad se logra esclarecer, en tanto que Chiapas, Jalisco, Quintana Roo y Tamaulipas presentan porcentajes inferiores al 0.6 por ciento.

De acuerdo con datos del Censo Nacional de Procuración y Administración de Justicia del INEGI, el índice de efectividad en la resolución de carpetas de investigación en 2019 es del 19.4 por ciento, y las entidades federativas donde las procuradurías y fiscalías registran el menor porcentaje de efectividad son Aguascalientes, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Quintana Roo, todas con cifras menores al 10 por ciento.

Lo cual, señaló, evidencia que en México aún se carece de un modelo que permita articular los roles, las competencias, el marco de actuación y los objetivos para la operación de cada una de las instituciones involucradas en la procuración y administración de justicia, lo que incide directamente en la eficacia de las policías, ministerios públicos y jueces.

Subrayó que el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2018 indica que en promedio hay 8.2 Ministerios Públicos por cada 100 mil habitantes; sin embargo, las diferencias por entidad son significativas, ya que mientras que en Puebla se cuenta con 2.8 Ministerios Públicos por dicha cantidad de habitantes, en Chihuahua hay 25.1.

Y refirió que el presupuesto de las procuradurías y fiscalías también presenta variaciones importantes, pues en la Ciudad de México se destinan 740 pesos por persona, en Chihuahua y Nuevo León más de 600 por habitante, en tanto que Guerrero destina 244; Estado de México, 218; Veracruz, 175 y Tlaxcala, 106 pesos.

Así lo expresó el ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, al presentar el Estudio sobre el Cumplimiento e Impacto de las Recomendaciones Generales, Informes Especiales y Pronunciamientos de la CNDH 2001-2017, en Materia de Procuración y Administración de Justicia, respecto del cual señaló que en esa investigación se evidencia la falta de plena autonomía de las procuradurías y fiscalías de justicia; la debilidad de sus servicios profesionales de carrera, y la estructura heterogénea de cada instancia de procuración de justicia dependiendo de la entidad federativa de que se trate.

Lo que da cuenta de las dificultades materiales y técnicas que les impiden llevar a cabo los procesos que demanda un sistema de justicia de corte acusatorio, pues la limitada capacidad de investigación criminal ocasiona que, con frecuencia, se violen derechos humanos.

Comentó que lo sucedido en el Caso Iguala no es cuestión excepcional o única, ya que día con día, y desde hace muchos años, las y los mexicanos se enfrentan ante una realidad en que la posibilidad de que los delitos sean efectivamente investigados y los responsables sancionados es mínima; donde si alguien es víctima de un delito, frecuentemente decide no interponer una denuncia ante los costos y dificultades que el seguimiento de la misma le implicará, y las bajas posibilidades de que la ley se aplique y el agravio sufrido se repare.

Y enfatizó que todo esto debe cambiar, porque nuestro país no podrá lograr la paz, la seguridad, ni construir el entorno de verdadera legalidad al que se aspira ni alcanzar una efectiva y verdadera procuración e impartición de justicia, respetuosa de los derechos humanos, si no se asume como una prioridad nacional.

Ante la grave problemática existente en materia de procuración y administración de justicia en el país, el Estudio estima viable adoptar procesos restaurativos, para lo cual es imprescindible que la respuesta al delito repare, en lo posible, el daño sufrido por la víctima; el mecanismo de sanción permita que las personas responsables del delito comprendan que su conducta generó consecuencias reales para la víctima y la comunidad; las víctimas tengan oportunidad de expresar sus necesidades y participar para determinar que las personas responsables reparen el daño, y la comunidad asuma su responsabilidad para contribuir en ese proceso.

González Pérez enfatizó que México demanda un proceso de construcción de paz basado en el acceso a la justicia y el derecho a la verdad, que garantice la reparación del daño y la no repetición, que tenga como principal objetivo generar las condiciones para mantener la tranquilidad y restablecer el tejido social, para conformar una política integral que atienda las causas estructurales de la violencia e impunidad y se enfoque en la prevención.

Enfatizó que no solo se requiere un esfuerzo de pacificación, sino desarrollar una cultura de paz, lo que demanda una institucionalidad fuerte, de vigencia del Estado de Derecho, una estructura administrativa profesional y eficiente, reconocer y respetar los derechos de las personas, garantizar la transparencia y acceso a la información y a la educación, promover la solidaridad y cohesión social, y generar esquemas que disminuyan desigualdades y exclusión, ya que de nada sirve a una persona contar normativamente con un catálogo amplio de derechos y garantías si su contenido no se materializa y expresa en su realidad cotidiana.

El ombudsperson nacional expresó que en ese documento también se pone en relieve la necesidad que el país tiene de una auténtica Política Criminal y de una Política Nacional de Reparación Integral que consideren a las personas, en particular a las víctimas, y busquen esquemas para abatir la impunidad y reconstruir el tejido social, recuperar la confianza de la sociedad en las instituciones y el rescate de comunidades por el camino del respeto de la legalidad democrática.

Al referirse a las conclusiones del Estudio, dijo que entre los retos del sistema de procuración e impartición de justicia deben fortalecerse y consolidarse el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); la instrumentación del Sistema Nacional Anticorrupción para vincularlo eficazmente con la agenda de seguridad pública; privilegiar la prevención del delito; garantizar las reglas del debido proceso; impulsar los mecanismos alternativos de solución de conflictos, y garantizar la reparación integral a las víctimas, la reinserción social y la justicia restaurativa.

González Pérez puso en relieve que los derechos humanos no pueden ser realmente vigentes si las personas no cuentan con certeza razonable de que quien violente la ley va a ser sancionado, de que los delitos que se cometan no quedarán impunes, y de que el Estado, sus instituciones y leyes van a proteger y garantizar real y efectivamente esos derechos y prerrogativas de las personas. Ése es el cambio que México necesita, a una efectiva y auténtica legalidad y justicia, al auténtico respeto y vigencia de los derechos humanos.

El primer visitador general, Ismael Eslava Pérez, detalló las partes que conforman el Estudio, en especial los avances y retos normativos en materia de procuración y administración de justicia, la importancia que en ello tienen los Poderes Legislativo y Judicial, así como los avances y retos institucionales, punto en el que presentó 14 consideraciones, entre las que sobresalen contar con los recursos necesarios para que los órganos de procuración e impartición de justicia mantengan su independencia, imparcialidad y la confianza legítima en su actuación por la sociedad; generar y alinear los incentivos institucionales y personales para que su servicio se base en la calidad y conocimiento expertos de sus operadores; reconocer el aumento en asuntos resueltos por justicia alternativa y descenso en sobreseimientos y en no ejercicio de la acción penal; consolidar la transformación real de los esquemas de organización y métodos de trabajo, que procuradurías y fiscalías realicen investigaciones criminales exhaustivas para garantizar procesos jurisdiccionales exitosos, capacitación al personal; atención urgente de la corrupción y el abuso de poder y erradicar la tortura.

En cuanto a los avances y desafíos en materia de política pública, Eslava Pérez refirió 10 tópicos a considerar, entre los que se encuentran que en México se privilegia la cultura de control social formal mediante el sistema penal, y no se ha logrado construir una política eficaz de prevención de la violencia y delincuencia, como lo muestra el hecho de que para la Seguridad Pública en 2017 se destinaron 261.7 millones de pesos para el desarrollo y diseño de políticas públicas de prevención de la violencia, lo que es 12 veces menor al presupuesto destinado a la adquisición de infraestructura y equipamiento, que incluye ampliación de centros penitenciarios.

Señaló que las políticas públicas en materia de seguridad y justicia carecen de perspectiva integral y transversal que permita articular la actuación, operación, competencias y objetivos de todas las autoridades involucradas; que la delincuencia y su reducción son fenómenos multicausales relacionados con las condiciones sociales y económicas de la población; que las inversiones para mejora del sistema de justicia penal mexicano debe cambiar del énfasis en la mejora de infraestructura y desarrollo de capacidades para apostar por la innovación en políticas públicas para la mejora progresiva y constante de la operatividad de dicho sistema, mediante el establecimiento de mejores mecanismos de vigilancia y transparencia con participaciones de organizaciones civiles; así como crear vías seguras para denunciar actos de corrupción de personas del servicio público, y garantizar la debida protección y asistencia jurídica.

También, tener una política criminal que cuente entre sus pilares los derechos de las víctimas, lo que requiere ponderar la importancia de la justicia restaurativa y fortalecer los organismos públicos de derechos humanos; continuar y fortalecer la colaboración interinstitucional; capacitación permanente en materia de derechos humanos al personal de las instancias de procuración y administración de justicia; crear áreas especializadas en mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal que garanticen la reparación del daño a las víctimas, y generar mecanismos de vinculación entre procuradurías, fiscalías y tribunales con las instancias ejecutoras de políticas públicas para dar atención prioritaria a grupos vulnerables.

Y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), Rafael Guerra Álvarez, aseguró que la CNDH es una institución muy importante porque constituye el gran referente para mantener control del Estado de Derecho en nuestro país; sostuvo que los derechos humanos son el gran legado que la humanidad se dejó a sí misma y resaltó la responsabilidad de preservarlos mediante el cumplimiento de objetivos concretos de observar, promover, estudiar y divulgar los derechos humanos y de posicionamientos emitidos por la CNDH en el tema de administración y procuración de justicia del país.

Señaló que el principal reto de esta materia gira en torno a los derechos de las propias víctimas, que abarcan una serie de circunstancias que representan desafíos importantes para el Estado, y por ello, dijo, la importancia del estudio que se presenta.

Esta obra, abundó, puede ser considerada como un paso sustancial en el camino para que la humanidad sea capaz de vivir su humanidad como verbo y no sólo como sustantivo, y humanizar a la función pública. Esta es una oportunidad muy importante para analizar el desarrollo de la justicia restaurativa, su evolución y su aplicación en la Ciudad de México y para utilizarla como el gran ariete de la cultura de los derechos humanos del siglo 21 en todo el país.