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CIUDAD DE MÉXICO, 23 de marzo de 2018.- La Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México informó que hasta el momento no ha recibido notificación oficial alguna sobre la resolución del 10 Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en relación al amparo en revisión 37/2017 en el que se ordena combatir el hacinamiento y sobrepoblación de los centros penitenciarios de la capital del país.
Sin embargo, añadió en un comunicado, el Gobierno de la Ciudad de México es respetuoso de los ordenamientos judiciales a los que sea sujeto por lo que la Secretaría de Gobierno a través de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario local se mantiene abierto a atender y dar respuesta a los señalamientos que pudieran ser recibidos por parte de un Tribunal Colegiado en atención al derecho a la dignidad humana.
Destacó que la información publicada en medios de comunicación se refiere a que el juicio de amparo se sustenta en una sobrepoblación de 61.51 por ciento en los Centros de Reclusión de la Ciudad de México, sin embargo, en la actualidad se contabiliza, hasta el 23 de marzo de 2018, una sobrepoblación del 14.40 por ciento, toda vez que se registra una población de 27 mil 542 personas en reclusión con una capacidad instalada de 24 mil 76 espacios.
Esa cifra, subrayó, ha venido disminuyendo paulatinamente en los últimos años de 2015 a la fecha. En 2015 se presentó una sobrepoblación del 49.98 por ciento; en 2016, fue de 28.67 por ciento, y al cierre de 2017 fue de 15.12 por ciento.
Y que en los últimos dos años, el Sistema Penitenciario de la CDMX ha realizado diversas gestiones a fin de dar cumplimiento a las Recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), relacionadas con los temas de Dignidad Humana, Hacinamiento, Salud, Alimentación, Integridad Física y Reinserción Social.
De ello, remató, ha resultado que la CDHDF ha dado por concluidos 16 puntos recomendatorios y además existen avances importantes en otros señalamientos, con lo cual se ha dignificado la calidad de vida de las personas privadas de la libertad.