De frente y de perfil

La ley del embudo

Alito compró terrenos mediante lavado de dinero y corrupción, Adán Augusto ganó 79 millones de pesos en dos años, mediante servicios profesionales.

Esa es la nueva tendencia, acusar o defender, según sea el caso.

Así es la ley del embudo que aplica el gobierno federal: lo ancho para los amigos a los que se les concede justicia y gracia y lo angosto para los adversarios que se esconden en la derecha.

Simple, así es la nueva justicia y la democracia a la mexicana que se practica en México.

Los caminos se cierran para la oposición, las rutas se ensanchan para los amigos, aquellos que profesan la religión morenista.

En la Fiscalía de la República se avanza rápidamente a orden expresa y lentamente en los asuntos en los que pueden ser expuestos los amigos, cómplices o seguidores del Movimiento de Regeneración Nacional.

Genaro García Luna es un corrupto con complicidad con el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, el que sabía de la relación que mantenía el jefe policíaco con los grupos delincuenciales. Adán Augusto es un buen servidor público que no sabía de los antecedentes de Hernán Bermúdez Requena, su amigo y colaborador desde tiempos añejos.

El Presidente de la República está enterado de todo, decía López Obrador y los grandes negocios se hacen con la venía del poder. En su período nunca supo de lo que se hacía a sus espaldas o, tal vez, con su respaldo.

Se acusa a empresas de corruptelas, no se investiga y se les otorgan nuevos contratos.

La industria farmacéutica y algunos personajes son acusados de inflar los precios de los medicamentos y obtener grandes ganancias, pero nunca se hace oficial la acusación.

Ignacio Ovalle es un excelente servidor público que fue engañado por los corruptos priistas en el fraude de Segalmex, por lo que se le premió con un nuevo cargo en Gobernación.

Se denuncia la desaparición de más de cien millones de pesos y se señala como responsable al excoordinador de los senadores de MORENA y un simple apretón de manos soluciona el problema.

Manuel Bartlett es un defensor del petróleo y la energía eléctrica, lo que lo limpia de los fraudes “patrióticos” realizados en el pasado y de la caída del sistema.

El entonces secretario de Marina, José Rafael Ojeda, denuncia corruptelas en la dependencia y dos años después se actúa, aunque no se requiere que declare, ya que solamente fue denuncia de voz.

La diputada Araceli Brown de MORENA fue vinculada al grupo de la “Mayiza” y sancionada por el departamento del Tesoro en Estados Unidos y en México no existen denuncias en su contra ni se puede analizar la posibilidad de desafuero, por tener que formarse en la fila de más de mil expedientes que llegaron antes que el suyo.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, ha sido señalado en ocasiones diversas de vínculos con los grupos delincuenciales, pero para el gobierno federal eso no cuenta.

A la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, le fue retirada la visa estadounidense, por sospechas de relaciones con el crimen organizado, al igual que a otros personajes de MORENA, alcaldes fronterizos y empresarios relacionados con MORENA que no merecen siquiera una ojeada a su expediente.

Gobernadores cometen excesos en sus estados y no pasa nada, así es la nueva forma de gobernar durante la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación y la lista es mucho más amplia.

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Ramón Zurita Sahagún

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