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Imposible la transformación sin el combate a la corrupción
La desconfianza en los organismos del gobierno va en aumento porque no se ha podido eliminar la corrupción y se va debilitando la democracia pues los instrumentos que tenemos para garantizarla tienen huecos por todas partes. Casos recientes de corrupción y desvío de recursos debilitan el proyecto iniciado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y ahora más que nunca hay que fortalecerlo, porque vemos la peligrosa inclinación de la sociedad hacia la alternativa que queda, los grupos que han ido eliminando derechos en América y al mismo tiempo están ahorcando a sus ciudadanos con el encarecimiento de productos básicos.
En México la corrupción sigue siendo traspié de la 4T, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) detectó un desfalco a los programas de becas Benito Juárez por 592.3 millones de pesos que afecta a 67 mil 142 estudiantes. Asimismo, detectaron irregularidades de por lo menos 5 mil 639 millones de pesos en el ejercicio de recursos públicos federales, hay pagos sin comprobar, obra pagada y no ejecutada y sobreprecios según reporta La Jornada tras revisar el Informe del Resultado de la Fiscalización 2025.
Se han reportado casos en que las tarjetas del bienestar no llegan a sus titulares; sin embargo, sí retiran el dinero disponible en las cuentas. Resulta que en 2024 no se entregaron cerca de 96 mil tarjetas, de estas 94 mil reportaban actividad. Pasa lo mismo en presupuesto para obra pública, hay 48 observaciones por mil 602 millones de pesos en ocho programas. La SABG sancionó a 55 servidores públicos y una empresa debido a diversas irregularidades en 19 dependencias de la administración pública federal. Por todas estas faltas asignó multas por 102 millones de pesos. Hubo servidores públicos que fueron inhabilitados por diez años por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
El mayor daño de la corrupción es el desgaste de la confianza de la ciudadanía. Aunque el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum tiene gran aceptación de la población, hacia el 2030 el proyecto debe reforzarse, el resultado es el esfuerzo de la SABG, lo que no se hacía en gobiernos anteriores en que el desvío de recursos públicos finalmente hizo que cayeran los gobiernos del PRI y del PAN.
La existencia de auditorías demuestra que existen mecanismos institucionales para detectar irregularidades; sin embargo, todavía falta avanzar en la prevención de desvíos y la recuperación de recursos públicos. Ya no se trata únicamente de ganar o de mantener los votos de la ciudadanía sino de legitimar las instituciones. El costo económico también es enorme. Diversos organismos nacionales e internacionales han estimado durante años que la corrupción representa pérdidas equivalentes a varios puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, recursos que podrían destinarse a salud, educación, infraestructura o seguridad pública.
Si la Cuarta Transformación pretende mantenerse como una alternativa política viable en los próximos años, deberá asumir que la lucha contra la corrupción no está ganada y que sigue siendo su principal asignatura pendiente. Combatirla con mayor rigor, fortalecer los mecanismos de fiscalización y garantizar sanciones ejemplares no es únicamente una exigencia ética, sino una necesidad para preservar la confianza ciudadana y la estabilidad democrática. De lo contrario, el vacío que deja la decepción puede ser aprovechado por proyectos políticos que, lejos de ampliar derechos y reducir desigualdades, han demostrado en otras partes del continente su disposición a restringir libertades y profundizar las dificultades económicas de la población.
DESDE EL CENTRO
En la marcha del 2 de octubre estudiantes, profesores y manifestantes en general reportaron represión por parte de la policía. En una fecha que conmemora a las víctimas del Estado no se pueden repetir escenarios que coaptan derechos ciudadanos. Los cuerpos de seguridad hicieron revisiones intimidatorias a los manifestantes, golpearon con bastones y escudos, lanzaron gas, robaron cámaras y celulares utilizados para reportar los eventos de la marcha, hay testimonios y denuncias puntuales de las víctimas. Es inaceptable el discurso de las autoridades sobre que estos son actos de provocación a la policía para construir una narrativa de represión similar a la de 1968… Los estudiantes comienzan a manifestarse en contra de los recortes al presupuesto de Educación. Mientras en Chile las protestas se enfocan en evitar recortes futuros, en Francia se concentran en las condiciones estructurales del sistema educativo y en Argentina giran principalmente en torno al financiamiento de las universidades públicas. En todas esas manifestaciones ha habido una fuerte represión de la policía.