De norte a sur/Abigail Angélica Correa Cisneros

ANTORCHA CAMPESINA EXTORSIONA Y MANIPULA HACE 44 AÑOS A LOS MÁS POBRES

Por: Abigail Angélica Correa Cisneros

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• Afirman ser el movimiento de los pobres, pero líderes se trasladan en 14 vehículos de lujo que alcanzan un valor de 11.2 millones de pesos.
• Con apoyo de gobiernos priistas el organismo creció y llevó a cabo fraudes en el Estado de México y Puebla.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda detectó movimientos irregulares de dinero de las cuentas de líderes de Antorcha Campesina, por lo que fueron congeladas.

Se bloquearon las cuentas bancarias del dirigente de Antorcha Campesina en Puebla, Juan Manuel Celis Aguirre, de su esposa y tres empresas que habría utilizado para dispersar recursos ilícitos; así como de integrantes de la misma organización en el Estado de México.

El monto es de más de 2 mil 800 millones de pesos. Entre 2010 y 2020, la directiva recibió 658 mdp en efectivo. Además, entre 2014 y 2019 recibió transferencias interbancarias por 128 mdp, principalmente de sujetos relacionados al sector de la construcción. Y simultáneamente se enviaron transferencias bancarias por 18 millones de pesos, de ellos 3.6 millones llegaron a tres empresas fachada.

Este organismo priista siempre ha estado relacionado con la invasión de terrenos. Apenas ayer, colonos del Fraccionamiento Misiones de San Francisco, en Puebla, denunciaron ante la Secretaría de Gobernación del estado (Segob) que integrantes de esta organización invadieron decenas de viviendas deshabitadas, lo que provocó un conato de violencia la semana pasada. Desde 2016, en esta zona, al menos 700 inmuebles están invadidos.

En Tlaxcala, el representante de Antorcha Campesina, José Orlando Isidro Ramos, aseguró que el gobierno federal ha emprendido una persecución política imparable.  Por lo pronto, la UIF detalló que en Puebla se bloquearon las cuentas del líder de la organización política, de su esposa y tres empresas que eran utilizadas para distribuir los recursos obtenidos de manera ilícita por la organización. También se retuvieron las cuentas de integrantes en el Estado de México, se bloquearon los saldos de la dirigencia y de personas físicas y empresas vinculadas con la organización.

Según la UIF, la dirigencia cuenta con 14 vehículos de lujo por un monto de 11.2 millones de pesos. Agrega que la organización sostuvo su estructura financiera mediante una red de empresas constructoras, gasolineras, hoteles, farmacias, tiendas de conveniencia y agroindustria. El movimiento se autodenomina “la organización de los pobres en México”.

A finales del año pasado exigían 3800 millones de pesos del presupuesto de este año para 1500 obras de infraestructura que se harían en los territorios de Puebla y Estado de México, donde mantienen un auge entre simpatizantes. Sin embargo, las obras que llevan a cabo, supuestamente para apoyar a comunidades de escasos recursos, son deficientes o nunca se llevaron a cabo. En los inmuebles que construyen para supuesta ayuda a las comunidades necesitadas, cobran por su uso a las personas de escasos recursos.

Aseguran que son acusados de realizar ellos mismos las obras, pero lo niegan categóricamente, como varias veces se ha escuchado en los discursos del vocero del movimiento, Homero Aguirre. Sin embargo, alcaldes de los municipios de Chimalhuacán e Ixtapaluca, en el Estado de México, así como Xicotepec, San Martín Texmelucan y Tecomatlán, en Puebla, gobernados por Antorcha Campesina, con todo y que se les negó el registro como partido político, entregaron casi 500 millones de pesos a la empresa Acabados Arquitectónicos Frank, propiedad de la misma organización, para obras de uso exclusivo de los militantes.

Algunas obras no se llevaron a cabo o se hicieron con materiales deficientes. En Tecomatlán, Puebla, construyeron la casa de Cultura con Auditorio, una villa estudiantil, una escuela de Teatro y Música que beneficiaron al Instituto Tecnológico, propiedad de Antorcha Campesina, que cobra una mensualidad a estudiantes provenientes de la Mixteca poblana, en su mayoría se trata de hijos de campesinos.

El líder de Antorcha Campesina, Aquiles Córdova Morán y su familia, se desplazan en camionetas de lujo, Land Rover blindadas, valuadas en 5 millones de pesos cada una, para hacerse presentes en plantones donde “apoyan” a los miembros más pobres para exigir recursos al gobierno.

El organismo ya es investigado por lavado de dinero y robo de combustible o “huachicoleo”. ¿Le extrañará a alguien que pretendan sumarse al PRI o al PAN para contender a elecciones de Puebla, el próximo año?

En junio de 2017 Petróleos Mexicanos (Pemex) canceló definitivamente sus contratos con al menos cuatro gasolineras de Antorcha Campesina ubicadas en Tepexi, Libres y la capital de Puebla, debido a que la organización no pudo acreditar la procedencia del combustible que vendían, lo cual hace sospechar que procedía del huachicol.

El diputado federal poblano, Luis Eleusis Leonidas Córdova Morán, sería uno de los líderes de Antorcha Campesina a quienes la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluyó en la cancelación de 10 cuentas bancarias. El representante popular que ingresó a la Cámara Baja del Congreso de la Unión por la vía plurinominal, es hermano del líder máximo del Movimiento Antorchista Nacional, Aquiles Córdova Morán.

Otro diputado federal de la organización que tiene sus finanzas bajo indagatoria es Brasil Alberto Acosta Peña, quien dijo que “sin aviso ni notificación alguna”, la UIF congeló sus cuentas bancarias.

Desde hace 44 años, Antorcha Campesina sólo se ha beneficiado de los más pobres, a través de la vivienda. Lo hizo con el apoyo de gobernantes como Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila Villegas.

El expresidente Peña Nieto facilitó a la organización varios asentamientos irregulares. Como el caso del Rancho Pimiango, en el Estado de México, 38 hectáreas que se adquirieron con una inversión de 250 millones de pesos, dinero en su mayor parte proveniente de recursos del Fondo Metropolitano del Valle de México. Se destinó a la reubicación de familias afectadas en la zona de Hidalgo y Carrizo que a cambio llenaron mítines en la campaña presidencial. 

Sin embargo, el terreno fue lotificado en 2 mil 200 pedazos sin autorización alguna y vendido cada uno entre 125 mil y 150 mil pesos por Antorcha Campesina, cuando el propósito del rancho era la reubicación. Las ganancias que obtuvieron se dice que fueron entre 275 millones y 330 millones de pesos.

A los terrenos no llegaron agua ni luz, no hay caminos, los pobladores andan entre la polvareda. Eso sí, no faltan las pipas de agua, negocio de los líderes Antorchistas. Entre los requisitos para poder acceder a una vivienda está el de apoyar en mítines, pero incluso les cobran por su participación, el transporte más una cooperación.

Así sucedió el domingo 21 de junio de 2009, cuando Enrique Peña Nieto llenó el Estadio Azteca, se veía repleto de playeras rojas. Pero más que priistas, eran antorchistas desbordando el primer evento público y masivo del mexiquense hacia la Presidencia de México.

Hoy se relaciona al exmandatario con actos de corrupción investigados por el actual gobierno. Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, detenido por el caso Odebrecht, acusó a Enrique Peña Nieto en complicidad con el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, de ser los responsables directos de recibir y gestionar parte de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

Por ahí dicen que a todo marrano le llega su Nochebuena.  

DESDE EL CENTRO

Las estimaciones más recientes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos señalan que en México se cometen 10.5 asesinatos de mujeres al día, es decir, cada 2 horas y 29 minutos una de ellas es asesinada. Los feminicidios han aumentado en lo que va del año. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó 549 hasta julio, mientras que en los primeros siete meses del 219 fueron 519… Aunque la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de León, Guanajuato, diga que las detenciones durante una manifestación pacífica de colectivos feministas se realizaron por “actos vandálicos y agresiones a la autoridad”, no se justifican las agresiones cometidas por agentes de seguridad pública. Las detenidas fueron liberadas sin cargos, y señalaron que durante la detención fueron víctimas de amenazas, así como de violencia física, consistente en golpes y ahorcamientos. También se reportaron hechos constitutivos de violencia sexual en contra de al menos dos mujeres menores de edad. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó las agresiones.