De norte a sur/Abigail Angélica Correa Cisneros

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Plan B de AMLO sería anticonstitucional

• La Reforma Electoral ahorraría al erario 14 mil 741.63 millones de pesos

La oposición, PRI, PAN, PRD se unifican en contra de la propuesta del presidente para la reforma electoral, y posiblemente la bancada de Morena también dé la espalda al presidente, lo que se definirá este fin de semana.

Posiblemente porque entre los puntos a reformar destaca la reducción de presupuesto a partidos políticos, que, en dado caso, sólo estarían recibiendo presupuesto para afrontar comicios. 

El presidente sabe que la tiene complicada y anunció un “plan B” que es proponer modificaciones a leyes secundarias –para las que se necesita sólo de mayoría simple en el Congreso, que Morena suma con creces– y no ya a artículos de la Constitución, algo que requiere de negociar con todas las fuerzas políticas para conseguir el voto de las dos terceras partes de los legisladores.

Pero esto resulta anticonstitucional. El investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Javier Martín Reyes, expuso que se estaría violando la carta magna en su artículo 52, “La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputadas y diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, así como por 200 diputadas y diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales, votadas en circunscripciones plurinominales”.

Asimismo, el Artículo 99, “Los Magistrados Electorales que integren las salas Superior y regionales serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La elección de quienes las integren será escalonada, conforme a las reglas y al procedimiento que señale la ley”.

Por otra parte, los consejeros del Poder Legislativo deben ser propuestos en la Cámara de Diputados por los grupos parlamentarios con afiliación de partido en alguna de las cámaras. En el apartado A, base V del artículo 41 constitucional, se especifica que “el consejero presidente y los consejeros electorales durarán en su cargo nueve años y no podrán ser reelectos. Serán electos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados”.

Pero esto es del conocimiento de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, qué busca realmente el presidente. Si se trataba de agitar el avispero lo logró. La marcha del pasado fin de semana puso a desfilar a la ignorancia y manipulación, al clasismo y a los perpetuos en el poder, afectados por la posible reforma.

Es momento de hacer estos cambios a la Constitución, el INE sí debe tocarse, precisamente en defensa de la democracia. La sociedad consciente e informada está a favor de reducir bancadas, de 500 a 300 diputados. DE 128 a 96 senadores.

Los consejeros del INEC y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) serían propuestos por los tres poderes de la Unión y elegidos por medio de voto popular en elecciones abiertas. Recortar el número de consejeros de 11 a 7. El financiamiento a partidos sería sólo en campañas electorales. La propaganda en radio y televisión sería de 30 minutos diarios, actualmente es de 50. 

Más la implementación del voto electrónico que beneficiaría en un conteo más rápido, exclusión de error humano, reducción del uso del papel, elimina doble voto y voto nulo en casillas.

Se argumenta que con la Reforma Electoral podría comprometerse la imparcialidad y la independencia del órgano. Pero el INE ha sido cómplice de manipulaciones electorales. Cada proceso electoral se reportan falsificación de actas y los consejeros han sido señalados por obedecer intereses de partidos políticos. En fin. Por esto se pretende renovar la institución. 

El INE no desaparece, cambia de nombre al INEC (Instituto Nacional Electoral y de Consultas) y de paso le ahorra al erario 14 mil 741.63 millones de pesos, referente al financiamiento público que ya no recibirán los partidos políticos en los próximos 5 años: de 2023 a 2027, según estimaciones del análisis Modelos de financiamiento de los partidos políticos en México y América Latina, de la Subdirección de Análisis Económico, dependiente de la Cámara de Diputados.

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