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PHOENIX, 13 de febrero (Quadratín México).- La legislatura de Arizona analiza una iniciativa de ley que de ser aprobada, prohibiría que las ciudades o condados destruyan las armas que sus agentes de policía decomisan o recompran al público.
La iniciativa HB 2455 busca reforzar aún más una ley estatal emitida el año pasado, que requiere a las cortes ordenar a las corporaciones de policía la venta de las armas decomisadas o adquiridas, y prohibir a los gobiernos locales su destrucción.
Defensores de la posesión de armas en la legislatura buscan reforzar esa ley para impedir cualquier forma de evadir la norma, en especial ahora que las corporaciones de seguridad de todo el país han organizado eventos de recompra de armas tras la masacre de Newtown.
La propuesta de ley, que este miércoles recibió el apoyo del Comité de Asuntos Reguladores de Seguridad Publica de la Cámara de Representantes, sostiene que Arizona tiene autoridad para tomar decisiones sobre la regulación de armas.
Aclara también que los gobiernos estatal, del condado o de una municipalidad deben vender las armas que obtengan de cualquier forma, mediante incautación o recompra, a menos que sean evidencia de un crimen.
La iniciativa incluye las armas que los individuos entreguen de forma voluntaria, aún cuando su deseo sea que el arma se destruya.
El proyecto de ley también elimina el requisito del actual estatuto de que una corte debe autorizar la venta y deja a esa responsabilidad a la corporación o dependencia gubernamental que posea el arma.
El proyecto, introducido por la congresista republicana Brenda Barton, debe ser votado por el pleno de la Cámara de Representantes, antes de pasar al Senado Estatal para su consideración.
El Comité de Asuntos Reguladores de Seguridad Publica votó en contra de una enmienda propuesta por el representante demócrata Rubén Gallego, para crear una excepción en casos en que el propietario de un arma la entregue en forma voluntaria a la policía y pida que se destruya.
Barton dijo que el objetivo del proyecto es fortalecer la autoridad del Estado sobre los gobiernos locales en la regulación de armas de fuego.
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