Suspensión de orden de aprehensión contra Yunes, por amparo: Cuitláhuac
CIUDAD DE MÉXICO, 27 de abril de 2021.- Luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó la cancelación de los registros como candidatos al gobierno de Guerrero y Michoacán a los morenistas Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón Orozco, respectivamente, el presidente de Morena, Mario Delgado, señaló que es “es un claro golpe a nuestra democracia”.
También, añadió en Twitter, “a los derechos políticos de los mexicanos a votar y ser votados. Defendamos nuestra democracia en las urnas como lo hicimos en 2018, vamos por un @PartidoMorenaMX en unidad”.
En sesión pública realizada de manera virtual, los magistrados, a excepción del presidente José Luis Vargas, quien votó en contra, consideraron que en el caso de Guerrero el imputado actuó con dolo al no presentar el informe de gastos de precampaña con lo que, coincidieron que se vulneró el sistema de fiscalización y rompió la equidad en la contienda.
Aunque en el caso de Raúl Morón, el proyecto de la magistrada Mónica Soto proponía restituir su candidatura e imponer otro tipo de sanción, la mayoría de los magistrados, cinco, opinaron que debía ser juzgado de la misma forma que el caso de Guerrero, pues consideraron que por encima del derecho al ser votado está la rendición de cuentas que es uno de los fundamentos del Estado de derecho.
“Sin omitir la importancia del derecho a ser votado por las y los ciudadanos del país, lo cierto es que éste no es absoluto y puede estar limitado por el principio de rendición de cuentas como es el caso en estos dos asuntos.
“La fiscalización se ubica como una obligación de todas y todos los actores políticos, y un derecho de la ciudadanía a conocer el uso y destino de los recursos públicos utilizados por los actores políticos, origen y destino de los recursos públicos.
“(…) No importa el monto de los recursos utilizados en las precampañas, de lo que se trata es de determinar el origen de los recursos que reciben las y los actores políticos y la identificación de en dónde y cómo se gastan estos recursos”, detalló la magistrada Janine Otálora.