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CIUDAD DE MÉXICO, 23 de noviembre de 2021.- Los coordinadores de las bancadas del PAN, Jorge Romero, del PRI, Rubén Moreira y del PRD, Luis Espinosa Cházaro en la Cámara de Diputados y que conforman la alianza Va Por México, informaron que interpondrán un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto presidencial que engloba a todas las obras de la actual administración, como asuntos de seguridad nacional.
En conferencia de prensa conjunta, el panista Jorge Romero afirmó que con este “decretazo”, como lo llamaron, se violenta flagrantemente la Constitución, pues lo hacen para blindar u opacar las obras de infraestructura que la actual administración morenista lleva a cabo, con lo que se deja de lado la transparencia del uso de los recursos públicos empleados en ellos.
Ante ello, anunció que la próxima semana presentarán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que, argumentó que de acuerdo a la ley toda obra que realiza cualquiera de los tres niveles de gobierno u órganos autónomos y que implica recursos públicos son, dijo, del dominio público, esto de acuerdo al artículo sexto constitucional.
“No quedarnos solamente en la denuncia, sino literalmente usar nuestro poder político y jurídico, para que la Suprema Corte resuelva, como estamos convencidos que hará, determinando la inconstitucionalidad de este decreto”, detalló el panista.
Indicó que este decreto anunciado la tarde del lunes, también señala que todos los permisos que se ocupen para una obra pueden darse de manera ficta en cinco días, con lo que, acusó, que se pretende dejar de lado diversos tipos de estudios que deben hacerse a los proyectos para que sean completamente seguros y en beneficio de la población.
El priista Rubén Moreira aseguró que les preocupa la constitucionalidad del decreto pues, consideró, que al Presidente de la República no se le informó el alcance del mismo, ni cómo está soportado legalmente, por lo que, señaló que esperan a que el INAI resuelva este mismo martes sobre el tema de la máxima publicidad que deben tener los tipos de obras a los que se refiere el decreto.
“No hay una necesidad jurídica –la constitucionalidad– no hay necesidad en la opinión pública, la constitucionalidad del mismo es muy dudosa en la forma en la cual se sacó por la tarde, las consecuencias que pueden tener para quien se sienta afectado por un derecho, esto genera una concentración importante de decisiones, y que además los temas de transparencia no salgan”, manifestó.
Mientras que el perredista, Luis Espinosa, expresó que es muy preocupante que se utilice el término de seguridad nacional para blindar u opacar las obras insignias del Gobierno federal; señaló que con esta medida la transparencia de los recursos, las asignaciones de las licitaciones, la y utilización de los recursos públicos, podrán omitirse o burlarse por considerarse de seguridad nacional, aun cuando muchas obras no lo son.
“Es preocupante que se siga con la concentración de las decisiones en un solo hombre; el decreto de ayer lo único que hace es dejar de lado a las dependencias en la parte que tiene que ver con los permisos y las autorizaciones, y lo que dice el decreto es que las secretarías en segundo plano y las decisiones de la presidencia a un primer plano”, aseveró.
De acuerdo al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) establece que todas las obras de comunicaciones, aduaneras, fronterizas, hidráulicas, hídricas, de medio ambiente, de turismo, de salud, de vías férreas, energéticas, puertos, aeropuertos, y más, sean declaradas de interés público y de seguridad nacional, con lo cual la información sobre las mismas será reservada.