CIUDAD DE MÉXICO, 22 de mayo de 2020.- Ante los cuestionamientos respecto al decreto de complementar las tareas de la Guardia Nacional con las Fuerzas Armadas, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, afirmó que es una contradicción hablar de militarización cuando las atribuciones que tiene el Ejército como coadyuvante están muy acotadas.

El titular de la SSPC precisó que la evolución del estado de fuerza que ha aportado la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la de Marina-Armada de México (Semar) ha ido disminuyendo, puesto que en julio del año pasado había 15 mil 375 elementos del Ejército y 615 de la Marina, en apoyo de las tareas de seguridad que atiende la Guardia Nacional.

En agosto, septiembre, en octubre, su participación bajó a 13 mil 464. Y en marzo de este año, a 12 mil 56 del Ejército y a 500 de la Marina. Para abril, disminuyó a cinco mil 980 el Ejército y a cinco mil de la Marina.

Finalmente, en este mes de mayo se tienen sólo mil 920 elementos del Ejército, y 225 de la Marina en apoyo de las tareas de seguridad pública y se debe fundamentalmente a que la Guardia Nacional ha ido avanzando puntualmente en su programa de reclutamiento y, frente a cada reclutamiento, viene un relevo proporcional de elementos de las Fuerzas Armadas.

En reunión a distancia con senadores integrantes de la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política, así como de las comisiones de Justicia, de Seguridad Pública, de Marina, de Gobernación, de la Defensa Nacional, así como la Bicamaral de Seguridad Nacional, de Hacienda, el secretario de Seguridad aseguró que se ha priorizado la aplicación de la inteligencia como método, antes que el uso de la fuerza.

El senador con licencia explicó a los órganos directivo y de gobierno, así como a las instancias legislativas, que el acuerdo consecuentemente no es un acto exclusivo del Ejecutivo Federal, sino un instrumento jurídico adicional que aterriza una disposición constitucional para darle mayor funcionalidad a la Guardia Nacional.

Por mucho tiempo, detalló que el equipo jurídico del Presidente y sus integrantes del Gabinete de Seguridad, discutieron la conveniencia del decreto publicado el pasado 11 de mayo y fue hasta que se acumularon las observaciones de diversos representantes del Poder Judicial, respecto a la no capacidad jurídica del Ejército para actuar como primer respondiente, que tomaron la decisión de publicarlo como apoyo a las tareas de seguridad pública; sin embargo no implica un cambio en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.