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CIUDAD DE MÉXICO, 18 de abril de 2018.- Diputados dejan en suspenso la reforma a la Ley General de Salud, la cual refiere que todas las personas mayores de edad sean automáticamente donadores de órganos y tejidos cuando fallezcan, a menos de que en vida hayan manifestado por escrito su negativa a ceder partes de su cuerpo.
Dicha reforma ha creado gran polémica pues sus opositores aseguran que no existe la infraestructura necesaria en el sector salud del país, así como tampoco los especialistas suficientes para ello, y aseguran que se necesita tener la opinión de los especialistas en el tema para tomar la mejor decisión.
Por lo que, a pesar de que esta minuta estaba en la orden del día de la sesión del pasado martes 17 de abril, los legisladores no la subieron a discusión ante el Pleno camaral, lo anterior, luego de que la bancada de Movimiento Ciudadano solicitara que médicos expertos en la materia fueran escuchados.
Al respecto el vicecoordinador del PRI en San Lázaro, Armando Luna Canales, informó que, a petición de MC, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) se reunió con un grupo de expertos en trasplantes de órganos en el área de bioética, para analizar la minuta enviada por el Senado.
“Ellos plantearon su visión sobre la problemática que hay hoy en día en materia de donación de órganos y externaron su preocupación, desde el punto de vista de la bioética, sobre los mecanismos que se están utilizando para los donadores y los portadores de órganos”, refirió.
Sin dar detalles o asegurar posibles modificaciones a la minuta, Luna Canales dijo desconocer cuándo se dará la discusión ante el Pleno, y afirmó que tienen un compromiso con la Jucopo, por lo que al igual que con otros temas que se han postergado, dijo que estarán siempre abiertos a recibir más opiniones.
Sin embargo, aseguró que no es un acuerdo aplazar el tema, pues el dictamen está listo para su discusión y “estaremos muy al pendiente de algunos últimos ajustes”. Lamentó que la opinión de los especialistas sobre este dictamen como está planteado, no fuera de lo más favorable y que de plantearse modificaciones adicionales al documento, sería la Comisión de Salud la que las definiría.
“Uno de los problemas o limitantes no solo es la infraestructura, el recurso humano, la conciencia, la capacitación, la difusión, sino también el tema del seguimiento, pues, una vez que se hace el trasplante de un órgano, hay que darle seguimiento a esa persona el resto de su vida”, manifestó.
Luna Canales dijo a nombre propio que, cualquier persona que requiera un órgano debe contar con los mecanismos necesarios para acceder a él, lo cual, dijo, es algo en lo que todos seguramente están de acuerdo.
Sobre los mecanismos, dijo aun cuando no hay una donación expresa, la propia ley establece un mecanismo tácito para que se pueda seguir, “no quiero adelantar mi opinión personal, pero creo que estamos a muy poco tiempo de que podamos dar una opinión de eso”, apuntó.
En tanto, el coordinador del PAN en San Lázaro, Marko Cortés, reiteró que su bancada se encuentra lista para avalar la minuta en cualquier momento, a fin, dijo, de salvar 30 mil vidas que están en la lista de espera de un órgano.
Indicó que el Poder Legislativo es responsable de generar el marco jurídico, pero será el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Salud, quien ponga las reglas y los candados para aplicar la ley sin vulnerar ningún derecho humano.
Cortés Mendoza explicó que los transplantes de órganos no se podrán realizar en cualquier hospital, ya que no todos cuentan con la infraestructura y los especialistas, por lo que solo se podrá realizar en donde se encuentren las condiciones para ello.
“No en cualquier hospital se podrá hacer un trasplante de órganos, solamente en aquellos que estén acreditados y certificados, por eso no será una medida general en todo el país, simple y sencillamente porque no cuentan con el equipamiento, con la especialización para poder realizarlo, pero sí en algunos puntos como las zonas metropolitanas como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, entre otros”, subrayó.
A qué se refiere la minuta
La minuta enviada por el Senado que la aprobó el pasado 3 de abril, fue avalada por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados el 12 del mismo mes, busca reformar varios artículos de la Ley General de Salud en materia de donación de órganos, por lo que, de ser avalada en el Pleno, será devuelta a la Cámara alta para su análisis.
La propuesta establece que toda persona será donadora de órganos, a menos que haya manifestado su voluntad de no serlo bajo alguna de las formas establecidas en la legislación.
Determina que la Secretaría de Salud, en coordinación con las entidades federativas, promoverán, respetarán, protegerán y garantizarán que la población esté plenamente informada del consentimiento presunto y que disponga de un medio accesible para manifestar, en su caso, su oposición a donar sus órganos.
Además, puntualiza que se instará a que, toda institución de salud, por medio de su personal, solicite de manera oficial y sistemáticamente a todo paciente con capacidad jurídica, que exprese su voluntad para donar de manera voluntaria y altruista sus órganos con fines de trasplantes.
En caso de no existir una respuesta afirmativa o negativa, será donadora de órganos, siempre y cuando se respeten los derechos de los familiares a decidir.
El dictamen precisa que la donación expresa deberá realizarse por escrito o por los medios electrónicos disponibles, mientras que el consentimiento presunto sólo aplicará para la donación de órganos y tejidos una vez que se confirme la pérdida de la vida del disponente, informando de manera inmediata a sus familiares de dicho acontecimiento.
Se precisa que el consentimiento tendrá las siguientes restricciones: respecto de las personas que sean menores de edad, incapaces o que por cualquier circunstancia se encuentren impedidas para expresarlo libremente, no será válido.
De igual manera, se determina que los gastos en que se incurra con motivo de la extracción del órgano objeto de donación, formarán parte de los costos propios del trasplante y serán imputables al sistema de salud, dependencia o entidad receptora.
Finalmente, los centros nacional y estatales de trasplantes garantizarán que, ni el receptor de un trasplante o su familia conozcan la identidad del donante ni los familiares del donante sabrán quién es el receptor.