Del caso Segalmex, 2 mil 700 mdp aclarados: SFP

CIUDAD DE MÉXICO, 5 de diciembre de 2023.- En su comparecencia ante las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción y Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación, Roberto Salcedo, secretario de la Función Pública (SFP), indicó que en el caso de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), donde están involucrados 87 personas: 41 exservidores públicos y 46 vinculados a empresas, todo se aclara y está en proceso de resolverse por completo.

En cuanto a Segalmex debo decirles a ustedes qué se ha hecho un enorme trabajo y de los nueve mil 500 millones que se habían promovido, más de dos mil 500 millones ya fueron aclarados, así que así que ese monto va hacia abajo. Y en 2022 no tenemos ninguna observación con respecto a montos en Segalmex”, subrayó.

Enfatizó que con base en las investigaciones de las evidencias existentes, ya se aclararon y se solventaron dos mil 700 millones de pesos, por lo que de los nueve mil 500 millones se ha bajado a seis mil 800 millones pesos lo que resta por aclarar, de los cuales, tres mil 700 están en proceso de aclaración, sin poder determinar si hay daño patrimonial o no de esa cantidad. Por otra parte tres mil 100 millones se encuentran en las etapas siguientes mil 800 de investigación y mil 300, de responsabilidades administrativas.

El titular de la SFP se pronunció sobre los procedimientos de responsabilidades administrativas graves, de un total de mil 580 expedientes al 30 de septiembre de 2023, el 49 por ciento, 771, fueron remitidos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para su resolución.

Sobre las sanciones y multas, en el periodo del informe presentado, se emitieron 250 resoluciones sancionatorias a proveedores y contratistas que infringieron la normativa en materia de adquisiciones y de obra pública; de ese número, se impusieron multas que ascendieron a mil 102 MDP y 173 inhabilitaciones.

Es por ello que la Función Pública manifiesta su mejor disposición para participar con ustedes en la revisión de las iniciativas relacionadas con el robustecimiento de las normas en materia de beneficiarios finales en las leyes de adquisiciones y obras públicas; el perfeccionamiento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la inclusión del cohecho internacional en esta norma; el fortalecimiento del marco jurídico de alertadores y personas denunciantes de hechos de corrupción; y, la promoción de la política de integridad en las empresas que participan en contrataciones públicas”, subrayó.