Demanda CNDH saldar deuda con víctimas de desapariciones

XALAPA, Ver., a 3 de octubre de 2017.- El Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, demandó saldar la deuda que como país tenemos con las víctimas de desapariciones.

Ya que no debemos presentarnos como una sociedad efectivamente sustentada en el reconocimiento y respeto de los derechos humanos mientras no se dé debida respuesta y se atienda este problema, cuya sola existencia debilita nuestras instituciones, afecta nuestro tejido social y vulnera nuestro Estado de Derecho.

Al participar en la presentación de la Recomendación General sobre Desaparición Forzada de Personas, acto que encabezó Namiko Matzumoto Benítez, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, González Pérez dijo que ante la gravedad del flagelo, los casos que se deben investigar y aclarar se cuentan por miles y aún no se puede determinar cuántos corresponden a desapariciones forzadas.

Por lo cual demandó la atención prioritaria del Estado para que en cada uno se llegue a la verdad, mediante una investigación exhaustiva y pertinente, que localice a las personas desaparecidas e identifique a los responsables para que sean sancionados conforme a derecho.

Por su naturaleza e implicaciones, dijo, es un crimen de gravedad extrema, pluriofensivo, que en modo alguno debe quedar impune. “La existencia de un solo caso de desaparición forzada de personas es inaceptable y debe mover a autoridades y sociedad para llegar a la verdad del mismo y propiciar que esta práctica se elimine por completo”, aseguró.

Dijo que por la gravedad del delito es urgente que la Cámara de Diputados apruebe la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares.

Y enfatizó la importancia de que el Gobierno federal quite el candado que puso a la Convención contra la Desaparición Forzada de la ONU, para que los particulares puedan dirigirse directamente al Comité de Desapariciones de Naciones Unidas para plantear sus casos. Por ello, llamó a que el Ejecutivo federal acepte la competencia del comité contra la desaparición forzada de ONU.

Destacó que una vez en vigor esa ley, el reto será hacerla efectiva mediante la profesionalización de los actores encargados de su aplicación, la existencia de recursos suficientes para instrumentar sus contenidos e investigaciones efectivas que eviten la impunidad, por lo que demandó de la Secretaría de Hacienda y de la cámara de diputados, un presupuesto con perspectiva de Derechos Humanos, sin soslayar el cumplimiento de las autoridades de los tres niveles de gobierno de las 102 propuestas formuladas en el Informe Especial de la CNDH sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México.

Comentó que la desaparición de personas –forzada o por particulares– es una práctica cruel que agravia a la sociedad, afecta y atenta contra la persona desaparecida, sus familiares y allegados, quienes al dolor de la ausencia deben vivir con la incertidumbre, angustia y desesperación sobre el destino de quien desapareció.

La Ombudsperson de Veracruz y el Ombudsman nacional compartieron el presídium con Jesús Peña Palacios, representante adjunto de la Oficina del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y el diputado Gregorio Murillo Uscanga, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local.

Namiko Matzumoto detalló que los hechos que se resuelven en la Recomendación General son particularmente graves, porque constituyen un patrón sistemático de omisiones que ha generado impunidad.

Dijo que se acreditó violación a derechos humanos en 81 expedientes analizados que documentan casos de personas desaparecidas en el periodo comprendido de febrero de 2011 y octubre de 2016. Pudo constatarse que recurrentemente existieron irregularidades en las investigaciones que en muchos casos impidieron que hubiera resultados satisfactorios, asentó.

En todos los casos analizados el inicio de la investigación constituyó una mera formalidad, no se realizaron todas las diligencias encaminadas a la localización con vida de las personas desaparecidas y las cargas procesales de la autoridad fueron trasladadas a las víctimas indirectas.

Estas investigaciones, dijo, adolecieron de deficiencias estructurales. Se demostró que las omisiones encontradas demuestran el incumplimiento de debida diligencia a cargo de la autoridad encargada de procurar justicia; así se incumplió con las obligaciones de garantía que fomenta la repetición de las violaciones a derechos humanos.

Además, vulnera el derecho de las víctimas y sus familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido, es decir, se hace nugatorio su derecho de acceso a la justicia, de conocer la verdad y de ser reparado.

La falta de investigación o la investigación deficiente, agregó, provoca que los autores intelectuales y materiales de las desapariciones permanezcan sin ser presentados ante la justicia, pero también que los servidores públicos encargados de las indagatorias perpetúen las prácticas que violan los derechos humanos de las víctimas.

Señaló que las sanciones administrativas y penales juegan un rol fundamental para crear una cultura institucional de compromiso con los derechos humanos; en particular cuando se trata de desaparición de personas la imposición de sanciones proporcional a la gravedad de los hechos investigados envía un mensaje contundente contra la inercia institucional, la insensibilidad y la violación a derechos humanos. Esto incluye que los servidores públicos responsables sean separados de sus cargos y procesarlos penalmente.

Jesús Peña Palacios reconoció a los colectivos y organizaciones de familiares de desaparecidos y les agradeció su compromiso y perseverancia en la lucha por la verdad, la justicia y la reparación; la búsqueda de sus seres queridos, debe de ser la luz que nos acompañe en esta misión.

Dijo que esta Recomendación General era necesaria y urgente, dada la magnitud del problema, de los riesgos y obstáculos que enfrentan los familiares en su incesante búsqueda de justicia. Es necesario que se lea a la luz del Informe Especial de la CNDH sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México, porque es deseable un esfuerzo coordinado estatal y federal.

Frente la desaparición y para enfrentar el reto del país en la materia, destacó cinco puntos relevantes desde la perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos: impulsar la búsqueda de personas; luchar contra la impunidad; necesidad del mecanismo de protección de víctimas; implementación de políticas de prevención de la desaparición, y avanzar en la normatividad en materia de desaparición, a fin de contar con presupuesto suficiente.

Subrayó la necesidad de que en breve se apruebe la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, y cuando ello suceda vamos a tener el reto de su implementación.

Además, mencionó que se requieren estrategias diseñadas junto con las víctimas, de acuerdo con sus necesidades y considerando su involucramiento en las diferentes fases de todos estos proyectos, incluyendo la medición del impacto del efecto de las propias estrategias.

A este acto concurrieron integrantes de diversas organizaciones de la sociedad civil, como Colectivo Red de Madres Veracruz, Madres en Búsqueda Belén González, Colectivo Búsqueda Colectiva Coatzacoalcos Zona Sur, Colectivo de Familiares de Desaparecidos “Familias Desaparecidos Orizaba-Córdoba”, Colectivo Solecito Córdoba-Orizaba, Colectivo Solecito Xalapa y Colectivo Familiares Enlaces Xalapa.