Demanda Ombudsman atender pendientes con población afrodescendiente

CIUDAD DE MÉXICO, 12 de diciembre 2017.- El Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, afirmó que los justos reclamos de asignación de recursos, inclusión, políticas de acción afirmativa, desarrollo integral y de reconocimiento constitucional son deudas inaplazables de Estados nacionales y sociedad con la población afrodescendiente de Iberoamérica. Por ello, más allá de normas y declaraciones, se deben cambiar las realidades y contribuir a la construcción de culturas y sociedades incluyentes, más justas y sin discriminación, mediante las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH), leyes y su aplicación práctica.

Demandó que los Estados den especial atención a los compromisos de visibilización, justicia y desarrollo de esa población, pues el interés debe ser que hagan efectivos y vigentes sus derechos en la práctica, reconociendo y respetando su cultura e identidad, así como la manera en que éstas inciden y forman la cultura e identidad general de cada país, según explica un comunicado.

González Pérez habló así en la inauguración del Seminario “El Compromiso de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos con las Poblaciones Afrodescendientes Frente a la Agenda 2030”, en cuyo presídium estuvo acompañado por Iris Miriam Ruiz Class, Presidenta de la FIO y Procuradora del Ciudadano Libre y Asociado de Puerto Rico; Julia Unger, Directora del Proyecto Pro FIO; Byron Cárdenas, de la Oficina en México del Alto Comisionado para Naciones Unidas (ACNUDH); María Elisa Velázquez, Coordinadora Nacional del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); Arturo Peimbert Calvo, Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), y Rosa María Castro Salinas, Presidenta de la Asociación de Mujeres de la Costa de Oaxaca A.C. (AMCO).

En este encuentro, organizado por la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la agencia de Cooperación Alemana, subrayó que la Agenda 2030 y la Declaración del Decenio Internacional para los Afrodescendientes de la ONU permiten potenciar los derechos de esas personas y dar vigencia al enunciado de “no dejar a nadie atrás”, que representa un compromiso con los principios de derechos humanos para la igualdad y la no discriminación.

En la Casa de la Cultura Jurídica de Oaxaca, González Pérez refirió que México es un país multicultural y de habitantes de orígenes étnicos diversos, por lo cual el gran reto es que el reconocimiento, vigencia y ejercicio de los derechos humanos sea igual para todas las personas, consolidar y fortalecer vínculos sociales para lograr un entorno más incluyente, igualitario y justo, así como alcanzar mejores y más altos niveles de desarrollo y calidad de vida, al lograr que sus derechos básicos sean una realidad que se refleje en sus vidas cotidianas.

La CNDH, dijo, se suma al reclamo de garantizar su reconocimiento y protección, y se adhiere a sus propuestas para elevar a nivel constitucional sus derechos plenos, como ocurre ya en los estados de Oaxaca y Guerrero, así como en la Ciudad de México. Señaló que en coordinación con organizaciones de la sociedad civil y diversas instancias se promoverá una reforma constitucional en tal sentido a los artículos 2, 27, 28 y 115, para presentarla ante el Congreso de la Unión.

En este periodo en que los Estados miembros de la ONU están volcados al cumplimiento de la Agenda 2030, y en el que las INDH nos convertimos en guardianes del cumplimiento de estos compromisos, es un momento clave para que las autoridades concreten proyectos productivos, de emprendimientos y empresariales, que reditúen en beneficio de los derechos de las poblaciones afrodescendientes, aseguró.

Por su parte, Iris Miriam Ruiz Class, Presidenta la FIO y Ombudsperson de Puerto Rico, señaló la importancia de hacer un análisis consenso y establecer el compromiso de las instituciones de los derechos humanos frente a la Agenda 2030. Reconoció que los derechos humanos de los afrodescendientes han sido vulnerados desde la época colonial, donde permanecieron por más de 500 años en esclavitud.

Señaló que en la protección de los derechos fundamentales de dicha población se deben considerar la herencia y la cultura como una contribución al desarrollo de nuestras sociedades actuales. Para ello, agregó, deben fortalecerse los marcos jurídicos nacionales e internacionales para eliminar la discriminación. Reconoció el trabajo de la CNDH con este tipo de Foros, para abordar y analizar los derechos humanos de personas afrodescendientes.

María Elisa Velázquez, Coordinadora Nacional del INAH, manifestó que México tiene gran deuda con esa población, que aún enfrenta discriminación, y reconoció a la Comisión Nacional por su labor de visibilizar sus derechos humanos y apoyar a las comunidades afrodescendientes.

Expresó su deseo porque el Foro contribuya a fortalecer la Agenda 2030 y el intercambio de experiencias entre las comunidades afrodescendientes se dirija a su reconocimiento.

Arturo Peimbert Calvo, Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, señaló que las comunidades afromexicanas sobreviven en condiciones de abandono y pobreza extrema, ante lo cual es necesario exigir al Estado mexicano se les reconozca como sujetos de derecho público, para que se les procure el máximo de beneficios y puedan participar en la toma de decisiones en las comunidades donde habitan.

Se sumó al llamado realizado por la CNDH para que la construcción de una política pública que atienda la crisis de seguridad que enfrenta el país tome en cuenta el respeto a la dignidad humana, se aborde desde una perspectiva integral y se escuche a la ciudadanía.

Propuso que los defensores públicos de derechos humanos denuncien la violencia sistemática hacia los afrodescendientes y promuevan el respeto a sus conocimientos tradicionales, disfrute y conservación de su hábitat natural, así como la igualdad en los servicios de salud y educación.

Finalmente, Rosa María Castro Salinas, Presidenta de la Asociación de Mujeres de la Costa de Oaxaca, dijo que las condiciones de pobreza, discriminación y marginación laceran la vida de niñas, niños y mujeres de esas comunidades, quienes enfrentan muchas dificultades para acceder a servicios de salud, educación y procuración de justicia, ante lo cual la CNDH juega un papel fundamental para impulsar acciones positivas en favor de ese grupo social.