Oran por la paz en el Centro de Chilpancingo
CIUDAD DE MÉXICO, 20 de octubre de 2016.- Cada año, en los últimos seis meses de año, jornaleros de Guerrero se convierten en migrantes en su propio país y parten hacia tierras más prósperas, a Sinaloa, para trabajar para empresas y grandes agricultores y ganar algo de lo que su tierra les deja.
El éxodo se intensifica después del Día de muertos, y los trabajadores agrícolas se ven sometidos a condiciones de vulnerabilidad, como dormir en lugares en malas condiciones, insalubres, sin vacunas o incluso sin tener registro de los niños que los acompañan y que también se incorporan al mercado laboral.
Entre junio y diciembre se calcula que alrededor de 11 mil personas de Tlapa, Cochoapa, Metlatónoc, Atlamajalcingo del Monte y Acatepec, salen con rumbo a Sinaloa.
Es por eso que el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera, demandó al gobierno federal y estatal brindar protección a los jornaleros que emigran.
“Cada año salen indefensos a trabajar a agroindustrias en condiciones desventajosas, ha habido accidentes, muertes y de su ilusión de traer algún dinero pasan a regresar muertos”, dijo en entrevista telefónica con Quadratín.
Explicó que pese a que hay un espacio para los migrantes que bajan de La Montaña, llamado Unidad de servicios integrales que construyó la Secretaría de Desarrollo Social, dejó de ser usado luego de que desapareció el Programa de atención a jornaleros agrícolas y ya no existe ahora algún programa de atención a jornaleros o migrantes externos.
“Está en Tlapa, centro político de La Montaña, es un espacio destinado para la estancia de jornaleros que está siendo ocupado por la Sedesol y en lugar de respetar programa para jornaleros para no pagar rentas ahí invaden esos pequeños espacios, no hay lugar apropiado, las instalaciones están deterioradas, se ha inundado, hay mucho colchón echado a perder, hay un trato discriminatorio y no hay una política pública del estado”, acusó.
“El espacio está descuidado y pedimos las instalaciones para tener dormitorios donde descansar, baños, regaderas y que funcione el comedor comunitario instalado hace 10 años, que haya un servicio médico que atienda a los niños y a las mujeres embarazadas, salen centenas de familias, muchos están enfermos, requieren una revisión médica y que se instale un módulo de registro civil y poder registrar a sus niños e hijos que no lo fueron en su momento”, señaló.
Pidió vigilar cómo se hace la contratación de los trabajadores, el traslado de las personas porque a veces los niños van en el piso o en las piernas de sus padres, los migrantes carecen de seguro de pasajeros, el programa de Progresa y Prospera se le suspende a las mujeres que se van más de cuatro meses, y en ocasiones sale más caro irse en busca de otro ingreso, expresó.
“Ahorita se está trabajando en constituir una comisión intersecretarial en el gobierno del estado, pero sobre todo enfatizamos que la Secretaria del Trabajo se aboque a revisar los campos agrícolas para por lo menos promover y defender los derechos laborales de la población. Hay mucha explotación, engaño, les cobran cuota sindical pero no los defienden y cuando enferman no los atienden, en accidentes las empresas no cubren gastos, los niños duermen en espacios inadecuados y no todos los campos brindan cobertizo, algunos carecen de agua potable, hay anomalías y situaciones denigrantes y la población es invisible para las autoridades”, concluyó.