Democracia en la Ciudad de México ¿sin presupuesto?

@ErikaStradaRuiz

Se han hecho en últimas fechas diversos comentarios en torno al presupuesto del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) y su ejercicio en 2021 en donde pareciera que se ha dejado de tomar en cuenta la obligación de administrar el financiamiento público para los partidos políticos cuando en realidad ello no ha sido así.

Como órgano autónomo de esta Ciudad, la Constitución local prevé que debe garantizarse al IECM la suficiencia presupuestal “para el oportuno y eficaz cumplimiento de las obligaciones conferidas a los organismos, sujeto a las previsiones de ingreso de la hacienda pública local”.

Bajo la lógica que marca la Constitución es que el IECM elabora un ejercicio presupuestal tomando en consideración las múltiples funciones que tiene encomendadas, entre ellas, la de administrar el financiamiento local de los partidos políticos con registro nacional y los que lo tienen a nivel local, pero otras no menos importantes consisten en organizar, desarrollar y vigilar los procesos electorales y los de participación ciudadana en la CDMX, además de fomentar la educación cívica y la construcción de ciudadanía.

Todo ello requiere recursos para su cumplimiento y es el propio IECM quien identifica necesidades y calcula los montos que precisa para hacer frente a todas obligaciones que tiene. 

Para 2021 se identificó que era necesario contar con $2,174 millones de pesos (mdp) para tal encomienda al ser año electoral donde se renovaron el Congreso y las alcaldías de la CDMX, desde octubre de 2020 fue aprobada tal cifra y enviada a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la CDMX (SAF) para que su inclusión en el proyecto de presupuesto que se presentaría al Congreso de la CDMX.

Sin embargo, aunque la SAF debía enviar al Congreso ese presupuesto como se aprobó por el IECM respetando su autonomía, lo recortó en 588 millones de pesos; esto es, solo se incluyeron $1,586.6 millones. El legislativo de la CDMX no modificó esa propuesta de presupuesto y lo aprobó en esos términos, pero, sensible a la viabilidad del proceso electoral, adicionó en el Presupuesto definitivo un artículo transitorio por el cual, durante el primer trimestre de 2021, la SAF en coordinación con el IECM plantearía la ampliación de sus recursos de acuerdo con los ingresos e indicadores económicos de la Ciudad en ese periodo.

Dicha disposición permitió que el IECM aprobara un monto de $2,174 mdp, como presupuesto para enfrentar las necesidades reflejadas desde un inicio: pagar junto con el INE el proceso electoral con casilla única, la impresión de materiales electorales (como las boletas), la implementación del PREP, conteos rápidos, debates, entre muchos otros gastos necesarios a cargo del IECM.

No fue un capricho de este Instituto, era necesario para garantizar el cumplimiento de sus actividades de forma íntegra, y no sólo eso, del total presupuestado de acuerdo al cálculo previsto en la Constitución, 593 millones (27% del total) eran para pagar los $138 mdp para financiamiento de campaña y los $455.6 mdp de prerrogativas ordinarias.

Este escenario permitía al IECM hacer frente a las obligaciones de los primeros 8 meses del año, pues desde septiembre ya no habría más recursos para partidos ni para el propio Instituto; por lo que se solicitó la ampliación presupuestal al Gobierno de la CDMX por 588 millones. 

El 22 de marzo la SAF negó la ampliación señalando que no había transcurrido el primer trimestre del año, por lo que el IECM presentó un juicio electoral ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (SUP-JE-64/2021) que eventualmente fue turnado al Tribunal Local.

De esta impugnación derivaron controversias constitucionales a nivel federal y local respecto a quién debería resolver el asunto. La Suprema Corte definió que el TEPJF es la máxima autoridad para dirimir juicios en materia electoral y las diferencias sobre el presupuesto de los organismos públicos locales (incluido el IECM) son de esta materia, al  afectar su autonomía e independencia. A la fecha no se ha cumplido la última sentencia del Tribunal Local de la CDMX que ordenó contestar la solicitud de ampliación presupuestal. Aunque con el artículo transitorio del Presupuesto el Congreso dispuso una salida al posible conflicto de falta de recursos para que el IECM pudiera cumplir con sus atribuciones constitucionales, aún no se ha tenido una respuesta definitiva aunque estamos a nada de concluir el ejercicio fiscal.

Para el mes de septiembre y ante la complicada situación presupuestal que no dejó margen posible para cumplir con todas las actividades programadas, la SAF depositó una adición líquida por $80 mdp, y en octubre una más por $20 mdp, lo que se destinó a cubrir las prerrogativas de partidos políticos en septiembre y octubre.

Respecto a las actividades del IECM, se ha tenido que sobrevivir a base de economías, cancelando proyectos y reajustando actividades. El IECM redujo los requerimientos presupuestales en $417 mdp, esto es cercano al 20% de los recursos totales de la institución, aun cuando se organizó de forma exitosa en conjunto con el INE el proceso electoral local 2021 con mayor participación ciudadana reciente y cumpliendo las atribuciones conferidas en el Código de Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.

Sin embargo, dado el monto aprobado en el Presupuesto de Egresos de la CDMX para 2021 y la falta de respuesta definitiva sobre la ampliación líquida hasta este momento, aun se tiene un déficit para el cierre del año, mismo que equivale a los recursos necesarios para el financiamiento público de Partidos Políticos correspondientes a los meses de noviembre y diciembre, poco menos de 71 millones de pesos.

La actual situación no responde a una desatención del IECM de sus obligaciones, sino de la insuficiencia de recursos aprobada por el Congreso de la Ciudad de México que delegó la asignación de recursos a la Secretaría de Finanzas de la CDMX y la cual aún no ha podido ser resuelta.

Un escenario más complicado se presentará en el siguiente año. El IECM remitió una propuesta de presupuesto para 2022 de $1,955 mdp para cubrir, entre otras cosas, los gastos de operación, la organización de la consulta de presupuesto participativo 2022 (una atribución distintiva  de la Constitución de la CDMX y que ha cumplido 10 años de llevarse a cabo), la organización de la revocación de mandato para la Jefatura de Gobierno en caso de recibir el número de firmas requerido, la eventual organización de una consulta ciudadana y el monto de  las prerrogativas de partidos para el siguiente año.

La historia se repite, y la SAF remitió al Congreso únicamente un presupuesto de 1,201 millones de pesos, una reducción en esta ocasión de casi el 40% del monto solicitado. El Congreso nuevamente aprobó sin mover un peso. En este escenario, simplemente el IECM no podría cumplir con sus atribuciones, pues dicho monto es insuficiente para pagar a sus trabajadores (incluyendo las prestaciones exclusivas de Ley) y las prerrogativas de partidos. 

Cabe recalcar que en la Constitución de la Ciudad de México se han incluido una serie de obligaciones y actividades que el IECM debe cumplir en beneficio de las personas que habitan nuestra Ciudad. No obstante, cada año se ha ido reduciendo el monto asignado para poder garantizar los derechos de la ciudadanía, ¿Cómo se puede fomentar la participación ciudadana y el ejercicio pleno de la democracia si no se dotan recursos para ello?. Los órganos electorales no somos únicamente organizadores de procesos electorales, formamos parte de una red que trabaja en favor de los derechos de todas las personas y la enorme carencia de recursos no debe desembocar en bajar la calidad de los procesos que hemos ido construyendo. 

Erika Estrada Ruiz es consejera del Instituto Electoral Ciudad de México