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OAXACA, Oax. 2 de mayo de 2019.- El Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo acudió junto con varias víctimas de posibles crímenes de lesa humanidad en Oaxaca, a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya a fin de poner en conocimiento de ese tribunal la situación acaecida en la ciudad de Oaxaca de Juárez y zona conurbada entre el mes de mayo de 2006 y agosto de 2007, cuando ocurrió una serie de hechos que dan cuenta de la aplicación de una política para cometer crímenes por parte del Estado Mexicano, asunto que es competencia de dicha Corte.
En un comunicado, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca informó que dicha acción de su titular se efectuó con base en el artículo 15 del Estatuto de la Corte Penal Internacional.
El organismo defensor añadió que el documento entregado ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional presenta el análisis de varios hechos ocurridos en ese estado del sur de México, en un periodo de 15 meses, en los cuales se cometieron presuntas ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y detenciones arbitrarias, que demuestran los patrones de sistematicidad y la política por parte del Estado Mexicano para generar terror entre la población mayoritariamente indígena.
Treinta ejecuciones extrajudiciales, trescientas once detenciones arbitrarias, doscientos cuarenta y ocho casos de tortura documentada y comprobada, así como la desaparición forzada de por lo menos dos personas, son parte de la información sobre presuntos crímenes de lesa humanidad que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca entregó a la Corte Penal Internacional.
Para la Defensoría, durante este periodo, el Estado empleó en la entidad oaxaqueña a las instituciones encargadas de la seguridad pública para idear e instrumentar planes de asedio en los que se formaron y se emplearon a grupos armados ilegales que tuvieron el objetivo de causar terror y desmovilizar a la población inconforme. Dichos grupos tomaron la forma de “caravanas de la muerte” que atacaban durante la noche a la población civil, cometiendo asesinatos, desapariciones forzadas y tortura, es decir, posibles crímenes de lesa humanidad, de acuerdo con la definición del artículo 7 del estatuto de Roma, subrayó la instancia defensora.
Conociendo esta información, y constatando que de los hechos analizados no se ha identificado a ningún presunto perpetrador, ni autoridad sobre quien recaiga una responsabilidad mayor, que hayan sido presentados ante la justicia civil en el Estado Mexicano, la Defensoría recurre a la Corte Penal Internacional para que se inicie la investigación respectiva y los presuntos crímenes no queden en la impunidad.
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