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IZÚCAR DE MATAMOROS, Pue., 29 de marzo de 2023.- Irene Olea, presidenta municipal de Izúcar de Matamoros, afirmó que es víctima de violencia política de género, acoso mediático y amagues personales a familiares y colaboradores del municipio poblano, presuntamente de parte del exsecretario de Educación Pública, Melitón Lozano Pérez.
El ex funcionario, quien fue cesado de su cargo por el finado gobernador Miguel Barbosa por acusaciones de corrupción, supuestamente intentó presionar, para que el Ayuntamiento de Azúcar sólo otorgara obra pública a constructoras afines al también expresidente Municipal de Izúcar, refirió en un comunicado la alcaldesa.
Olea informó que presentó una denuncia ministerial por amenazas de muerte dirigidas a miembros de su familia. Expresó que ha sufrido acoso laboral, campañas de desprecio en redes sociales y de calumnias, todo para provocar su renuncia.
“Melitón Lozano me exigió destinar el 75 por ciento del presupuesto de obra pública municipal paras sus proveedores de la construcción, a modo y a su conveniencia y yo no me dejé. Me conduzco de manera correcta. El acoso de Melitón Lozano es el resultado de no haber accedido a sus demandas y esto es violencia de género también”, consideró la Olea.
En relación a los hechos de violencia de género denunciados por las periodistas Natalie y Michelle Hoyos, quienes fueron detenidas por policías de Izúcar, Irene Olea dijo que dio parte de los hechos a la Contraloría Municipal y entregará toda la documentación y pruebas videográficas qué le requieran las autoridades competentes.
Con respecto a la exigencia de suspender de sus cargos a los oficiales que realizaron la detención, Irene Olea expresó la necesidad de mantener el debido proceso que obliga a respetar la presunción de inocencia, sin dejar de señalar que se acatará lo que dictaminen las autoridades judiciales.
La primera presidenta municipal en Izúcar de Matamoros, ofreció a las denunciantes acompañamiento de todas las instancias de protección y acompañamiento a la mujer con las que cuenta el municipio, además de aplicar todo el peso de la ley si la fiscalía determina responsabilidad de los agentes policiacos, cuidando siempre el debido proceso.