Denuncia familia LeBarón al Estado mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 11 de agosto de 2022.- El activista Adrián LeBarón indicó que ingresó dos demandas en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa: una por la responsabilidad del Estado mexicano en la masacre de su familia, el 4 de noviembre de 2019 y otra por las omisiones en la investigación del caso de Benjamín LeBarón y Luis Widmar, de 2009.

Añadió que en ambos casos el Estado mexicano falló en su responsabilidad para brindar la seguridad pública en su región, lo que ha resultado en las muertes de sus seres más queridos.

“Vamos a exigir todos los derechos y vamos a exigir que se castigue a todos los culpables en todas las instancias nacionales e internacionales si es necesario; no solo a los asesinos que participaron directamente en los hechos, sino también a aquellos funcionarios y autoridades que tienen la responsabilidad constitucional de protegernos, de crear e implementar las políticas públicas adecuadas para evitar que ocurran tragedias de esta magnitud.

“Queremos que nuestro caso sirva de guía para todas aquellas víctimas que estén allá afuera buscando justicia y aun no encuentren respuesta y sepan qué hacer”, detalló, en un video publicado en sus redes sociales.

Precisó que estas demandas son contra la Secretaría de Gobernación, “que se quiere deslindar de su responsabilidad para atender el caso LeBarón, por lo que esperamos que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa les obligue a reconocer judicialmente su responsabilidad, pues en Segob se están queriendo lavar las manos como lo hizo Pilato”.

Protección para candidatos en zonas de riesgo

Y su hermano, Bryan LeBaron, por la misma vía, indicó que se reunió con la diputada Gabriela Sánchez Ortiz, presidenta de la Comisión de Reforma Electoral y le pidió que en la próxima reforma electoral “no se olviden de garantizar la vida de candidatos y precandidatos, en muchas partes del país, donde el crimen los quita o pone”.

Porque “debemos proteger el proceso, pero también a la gente que quiere ser votada; deben existir mecanismos de protección para candidatos en riesgo. Un ataque a los candidatos que pone el Pueblo, es un ataque a la democracia”.