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CUERNAVACA, Mor., 1 de agosto de 2017.- El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, aseveró que el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera, enfrenta serios problemas al ser cuestionado por la Auditoría Superior de la Federación al encontrarle posibles desvíos por más de 600 millones y, en la próxima Cuenta Pública, por otros 400 ó 600 millones de pesos, en el manejo de los recursos de la máxima casa de estudios morelense.
“En la universidad del estado se instaló una red de lavado de dinero entre 2013 y 2014”, denunció el gobernador.
Graco reclamó que el presunto mal manejo de la finanzas de la institución de educación superior se da en periodos en que la institución recibió cerca de seis mil millones de presupuesto este año, lo cual, abundó, no tiene precedente, pues los 26 mil estudiantes tienen beca.
El problema en la UAEM por parte del rector se complementa con su activismo político y desatender, junto con el secretario de Comunicación de esta casa de estudios, Javier Sicilia, sus labores en horarios de clase, destacó el Gobernador en alusión a las movilizaciones convocadas por Vera.
Como rector Alejandro Vera, recibe al mes 106 mil 350 pesos, Javier Sicilia 90 mil 210 y Elena Ávila, esposa del rector, 58 mil 920 pesos en su calidad de titular de la Dirección de Planeación Institucional, reclamó el Gobernador.
El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, ordenó a la UAEM hacer pública su nómina a petición de un ciudadano; en respuesta, la universidad se negó aduciendo razones de seguridad y buscó el amparo de la justicia federal, mismo que se le negó el 20 de mayo de 2016.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que el rector presuntamente defraudó al gobierno federal durante 2013 y 2014, con más de mil 145 millones 431 mil 267 pesos, en recursos provenientes de las Secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), fustigó Graco Ramírez.
El reporte señala que los informes que presentó Vera Jiménez en su defensa “carecen de veracidad”, ya que simularon servicios y adquisiciones; subcontrataron proveedores sin el perfil ni la capacidad técnica, así como materiales y personal; presentaron empresas no localizadas y presuntamente vinculadas con actos irregulares.
Las auditorías realizadas por la ASF, con corte al 31 de mayo de 2016, concluyeron que existen anomalías, por lo que se presentaron las denuncias correspondientes ante la Procuraduría General de la República (PGR) para determinar las responsabilidades y sancionar a los funcionarios que presuntamente incurrieron en irregularidades.