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CIUDAD DE MÉXICO, 21 de noviembre de 2017.- El Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, denunció la gran indiferencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno para atender las agresiones y crímenes contra personas defensoras de derechos humanos.
Al presentar la campaña Para que un día no tengamos que ser defensoras de derechos humanos, subrayó que desde la emisión de la Recomendación General 25, en febrero de 2016, se marcó una hoja de ruta para respaldar el trabajo de esas personas, a la que los gobiernos han hecho caso omiso en tanto se incrementan los agravios en su contra.
De acuerdo con un comunicado, destacó los reiterados llamados a las autoridades para el esclarecimiento de los crímenes, al tiempo que subrayó que el flagelo más lacerante es la impunidad.
“Cuando se agrede o desaparece a un defensor, se atenta contra la dignidad colectiva”, enfatizó.
Respecto de los homicidios del Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur, Silvestre de la Toba Camacho, y de su hijo Fernando de la Toba Lucero, demandó justicia para que no haya impunidad.
Tras señalar que las acciones gubernamentales de los tres órdenes de gobierno para prevenir la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos han sido insuficientes, puntualizó que la indiferencia mostrada hasta ahora por las autoridades ha generado condiciones para que aumenten las agresiones contra los defensores civiles y públicos.
Al exigir una investigación efectiva y a fondo para conocer la verdad de los hechos, demandó que las autoridades no excluyan en sus líneas de investigación la relación de los crímenes con el desempeño profesional de los defensores de derechos humanos, y pidió coordinación entre las autoridades estatales y la Procuraduría General de la República para que estos crímenes no queden en la impunidad.
Respecto de la campaña sobre personas defensoras de derechos humanos, destacó que ante el incremento alarmante del nivel de violencia que se vive en distintas regiones del país, la respuesta fácil es responsabilizar a otros de la delicada situación, lo que debe combatirse con campañas de información de amplia cobertura.
Expuso que ante el hartazgo de la sociedad se deben exigir resultados a las autoridades para combatir la violencia y abatir la impunidad que impide que los responsables sean sancionados no obstante es obligación de los tres órdenes de gobierno que deben adoptar mejores prácticas policiales y de investigación, sin culpar a las personas defensoras de derechos humanos por el trabajo que realizan.