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CIUDAD DE MÉXICO, 9 de marzo de 2017.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) presentó denuncia penal contra quien resulte responsable de las agresiones físicas a inspectores federales, la destrucción de cuatro vehículos oficiales así como el robo de una embarcación de esta dependencia, en el poblado del Golfo de Santa Clara, Sonora.
Lo anterior, añadió en un comunicado, como resultado de los hechos ocurridos contra 10 servidores públicos de la Profepa y la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (Conanp), así como 18 oficiales de la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca), por presuntos pescadores, la noche de este miércoles en aquel poblado por un indeterminado grupo de personas que además quemó un total de 15 vehículos oficiales.
De acuerdo al primer reporte oficial, tres inspectores de la Profepa que fueron golpeados, lograron salir del poblado junto con otros dos compañeros y consiguieron resguardarse en la cabecera municipal aledaña de San Luis Río Colorado, Sonora.
El recuento de los bienes dañados de Profepa son dos camionetas, una lancha y una cuatrimoto, incendiadas. Además, del robo de una lancha asegurada.
También, fueron quemadas 8 camionetas y una lancha de Conapesca; así como dos lanchas de la Conanp.
El grupo agresor justifico sus acciones ante la falta de emisión de autorizaciones en materia de impacto ambiental para realizar la actividad pesquera en dicha región, por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)
Profepa resaltó que de acuerdo a la Semarnat, la solicitud en cuestión fue ingresada por los pescadores el 22 de febrero del 2017, a solo unos días de iniciar la pesca de curvina golfina; «lo anterior, refleja la irresponsabilidad con la actuaron los líderes de este gremio al solicitar tardíamente la autorización».
«Toma relevancia que las acciones aplicadas en la región del Alto Golfo por las distintas dependencias del gobierno federal, entre ellas la Profepa, se han enfocado primordialmente a combatir la extracción ilegal del pez totoaba, problema que los mismos pescadores han denunciado, por lo que la situación de la autorización de impacto ambiental era ajena a las competencias de esta Procuraduría», explicó.
La Profepa mantendrá la inspección y vigilancia en la región y dará seguimiento a que el Ministerio Público Federal de curso a las investigaciones y sancione a los responsables.