Cae El Cholo Palacios, presunto jefe de plaza de Guerreros Unidos
CIUDAD DE MÉXICO, 18 de agosto de 2017.- Como si fueran detrás de Joaquín El Chapo Guzmán, así calificó el asambleísta Alfonso Suárez del Real, el operativo desplegado contra bares el jueves 17 de agosto en calles de Cuba y el callejón del 57.
En conferencia de prensa y acompañado de empresarios de los bares Agavus, Viena, Nueva Oficina, Las Pecosas, Oasis, Ruta 57, Sausalito, la Nueva Excelencia y de vecinos, el asambleísta expuso que había la consigna de cerrar los lugares sin importar que presentaran sus documentos en regla.
Además de que hubo intimidación con el ingreso de policías equipados con armas largas, y hasta el decomiso de botellas, pese a que se comprobó su procedencia lícita. Los dueños de otros bares, al ver el operativo, cerraron antes de que fueran por ellos, añadió.
Los empresarios describieron en la conferencia que hubo un despliegue inusual de 600 policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), empleados de de Medio Ambiente (Sedema), y Protección Civil, así como de la Procuraduría (PGJ) capitalina, el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y hasta de la Unidad de Inteligencia financiera.
El responsable del bar Nueva Excelencia [que fue suspendido], Rodrigo [los empresarios por acuerdo común no proporcionaron su apellido] recordó que de buena fe accedieron a ser revisados por empleados del Invea por un tema de aforo.
“Les dimos acceso y vieron que estábamos bien, entonces agregaron más datos, pidieron más documentos y algunos no los teníamos y argumentaron que no se los queríamos dar, pero no los teníamos ahí”, afirmó.
Otra traba fue que pese a que los documentos que sí tenían y mostraron eran originales, las autoridades decían que no lo eran.
“El objetivo era cerrar como fuera”, lamentó. Añadió que el operativo se debió a la balacera de la semana pasada del bar Cervecería de Banda, en Eje Central y Donceles, ubicado a un par de cuadras.
Recordó que con la incursión policíaca y de elementos administrativos, se rompió el Código de Convivencia Barrial, en el cual los vecinos y empresarios acordaron cuidarse.
Otro empresario, Luis Manuel, del Ruta 57 [que sólo cerró], compartió que además había gente armada en la calle que hostigó tanto a vecinos como a clientes, y que impidió que sacaran sus celulares para grabar el operativo.
“Sí nos consta que llegaron sin identificación y revisaron cosas”.
Una vecina, Fátima, dijo que este fue uno de los operativos más prepotentes que ha visto, donde no podían ni hacer llamadas, ni grabar, ni atravesar rumbo a Allende (que es cruce con Cuba) ni les importaba que uno se identificara con la credencial de elector.
Salvador, del bar Viena, recordó que apenas comenzaba a recuperarse de la verificación de noviembre de 2017, cuando llegó este nuevo operativo.
En su caso recordó que la Unidad de Inteligencia Financiera [cuyos empleados no se identificaron] le pidieron las facturas de las botellas que usa para su barra, y cuando se las enseñó entonces le dijeron que estaba incorrectas porque les faltaban datos como la marca, la procedencia y código de barras, pese a que él las había comprado en la famosa tienda de la Europea, por lo que le decomisaron 107 botellas.
Mary, del Cénit, expuso por su parte que en su caso al suspender actividades su establecimiento afectaron a su nieto, quien tiene autismo y debe recibir un tratamiento caro.
Suárez del Real anunció que solicitarán una audiencia con el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, no descartan movilizaciones sociales y analizan la posibilidad de un amparo colectivo.
El gobierno capitalino informó el 17 de agosto que los bares cuyas actividades fueron suspendidas son: Búfalo Grill, Viena, El Oasis, Las Pecosas, La nueva Excelencia y Cénit.