Denuncian espionaje del gobierno a periodistas y activistas en México

CIUDAD DE MÉXICO, 19 de junio de 2017.- Una investigación en la que colaboraron diversas organizaciones demuestra el uso de malware altamente sofisticado y comercializado exclusivamente a los gobiernos, con el objetivo de espiar los teléfonos móviles de defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción.

Citizen Lab y las organizaciones Artículo 19 en su representación en México y Centroamérica, R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales y SocialTIC, colaboraron en una investigación que fue publicada este lunes por el diario The New York Times, y en donde se señala que el Gobierno de la República que encabeza Enrique Peña Nieto, ha utilizado software que se usa generalmente para seguirle los pasos a posibles criminales.

En su portal, Artículo 19 explica que cada licencia de infección a los teléfonos celulares tendría un costo alrededor de 77 mil dólares americanos, cerca de un millón 400 mil pesos provenientes del erario público.

El doctor Simón Barquera, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP); Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor; y Luis Encarnación, coordinador de la coalición ContraPESO, recibieron mensajes de texto SMS en su celular con enlaces aparentemente inofensivos que contenían enlaces infecciosos.

Organizaciones, periodistas y personas críticas al poder han recibido mensajes de la misma naturaleza y son identificados como blanco de ataques para tener acceso y control absoluto de sus dispositivos.

Los nuevos casos son los siguientes:

Centro Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh): Entre los meses de abril y junio del año 2016, Mario Patrón, Director del Centro Prodh; Stephanie Brewer, Coordinadora del Área Internacional y Santiago Aguirre, Subdirector de la organización recibieron mensajes que se ha confirmado constituyen intentos de infección. con el malware de espionaje Pegasus. Los mensajes fueron recibidos en fechas clave dentro del trabajo de defensa de derechos humanos que el Centro Prodh ha realizado en casos de alto impacto como la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la masacre de Tlatlaya y los casos de tortura sexual en Atenco.

Aristegui Noticias (Carmen Aristegui, Emilio Aristegui, Rafael Cabrera y Sebastián Barragán): Se han documentado cerca de 50 mensajes recibidos en los años 2015 y 2016 por Carmen Aristegui, por su hijo menor de edad, Emilio Aristegui y por integrantes de su equipo de investigación como Sebastián Barragán y Rafael Cabrera. En los últimos años, la actividad periodística de Aristegui Noticias ha revelado casos de corrupción como el reportaje de la Casa Blanca o el plagio de la tesis del Presidente Enrique Peña Nieto. Además, ha hecho reportajes sobre casos de violaciones graves a derechos humanos en México. Producto del trabajo periodístico de Aristegui Noticias, se han documentado diversos actos de hostigamiento, incluido el allanamiento de sus oficinas.

Carlos Loret de Mola (Televisa / El Universal / Radio Fórmula): Es periodista de radio, televisión y columnista impreso. Se ha documentado que en los años 2015 y 2016 recibió al menos 7 mensajes que pretendían infectar su dispositivo con el malware Pegasus. La mayoría de los mensajes fueron recibidos alrededor del extenso trabajo periodístico que Carlos Loret de Mola llevó a cabo durante los meses de agosto y septiembre de 2015 respecto de las ejecuciones extrajudiciales en Tanhuato, Michoacán por parte de la Policía Federal.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI): Se ha documentado que los periodistas Salvador Camarena y Daniel Lizárraga, Director General de Investigación Periodística y Jefe de Información de la organización respectivamente, recibieron al menos 3 mensajes intentando infectar sus teléfonos con malware de NSO en el mes de mayo de 2016, justo cuando se hizo público el nacimiento del proyecto y se publicaron investigaciones sobre actos de corrupción por parte del exgobernador de Veracruz Javier Duarte y el exdirector de la CONAGUA. Salvador Camarena y Daniel Lizárraga en el pasado también fueron parte de Aristegui Noticias y participaron en investigaciones como la publicación de los Papeles de Panamá.

Instituto Mexicano por la Competitividad (IMCO): Se ha documentado que el Director de la organización, Juan Pardinas y Alexandra Zapata, investigadora en dicha organización, han recibido al menos 4 mensajes intentando infectar su dispositivo a finales de 2015 y en el mes de mayo de 2016. IMCO ha sido una de las organizaciones que ha liderado esfuerzos de incidencia para la reforma legal anticorrupción, en particular fue impulsor de la ley conocida como “Ley 3 de 3”, la cual generó gran resistencia y ataques por parte de fuerzas políticas asociadas al gobierno federal durante el primer semestre de 2016, justo en el momento en que fueron recibidos los mensajes.

Cuando un dispositivo es infectado con el malware instalado al dar clic a los enlaces enviados por SMS, el atacante adquiere acceso a toda la información almacenada como mensajes, correos y contactos, registro de cada tecla oprimida; monitoreo remoto de datos de localización e incluso a la información obtenida a través de la activación inadvertida del micrófono y la cámara de los dispositivos.

Según la investigación de Citizen Lab, la mayoría de los nombres de dominio de la infraestructura de NSO se encuentran vinculados a México, lo cual, en conjunto con otras evidencias presentadas en esta nueva investigación, reafirma que autoridades mexicanas, como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), son clientes de NSO y que personas en México han sido objetivos de esta forma de vigilancia..

La evidencia indica que estos nuevos casos no son aislados sino que apuntan a la existencia de una política de hostigamiento sistemático a defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción. Asimismo, permite presumir la ausencia de autorización judicial, legalidad, necesidad y proporcionalidad en el ejercicio de facultades excepcionales para realizar prácticas de vigilancia. Conductas que violan la privacidad de las personas, inhiben la libertad de expresión y vulneran el derecho a defender los derechos humanos.

Por lo tanto, rechazamos este nuevo ataque en contra de la sociedad civil, exigimos rendición de cuentas por parte del Gobierno mexicano sobre el uso de malware para realizar espionaje, la apertura de investigaciones independientes, exhaustivas y transparentes, así como sanciones contra los responsables que, mediante el abuso del poder, han decidido vulnerar ilegalmente la privacidad de estos actores sociales; así mismo exigimos las reformas legales necesarias para regular las facultades de vigilancia del Estado de conformidad con los parámetros de derechos humanos y garantizando la rendición de cuentas.

El día de hoy se presentó denuncia formal sobre los hechos aquí anunciados ante la Procuraduría General de la República (PGR). Además, han sido solicitadas medidas cautelares a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y han sido informados distintos organismos internacionales de protección de derechos humanos.

El espionaje en México se ha convertido en un mecanismo efectivo de intimidación a defensores de derechos humanos, activistas y periodistas. Constituye una forma de control de los flujos de información y de abuso de poder. Ante los hechos revelados en esta nueva investigación, el gobierno mexicano debe rendir cuentas a la sociedad sobre el uso indiscriminado y arbitrario de métodos de espionaje y explicar el uso de la información que obtuvieron, así como realizar las investigaciones que lleven a la sanción de los responsables de tales actos. Las autoridades están obligadas a utilizar todas sus facultades legales y constitucionales para atender con prontitud y diligencia a los graves hostigamientos perpetrados contra periodistas, activistas y defensores de derechos humanos en México. Como sociedad, no podemos continuar aceptando el silencio y la impunidad como respuesta.

Descarga el informe #GobiernoEspía: Vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en este enlace.