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CIUDAD DE MÉXICO, 11 de septiembre de 2017.- Luego de una ciudadana a su oficina de enlace, el senador del PAN Daniel Ávila Ruiz presentó una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por presuntas irregularidades en el programa de reemplacamiento vehicular 2017 del gobierno de Yucatán, por un sobre costo a los ciudadanos de 741 pesos, con lo cual la administración estatal obtiene ingresos indebidos por 555 millones 750 mil pesos.
El legislador panista solicitó una investigación a fondo por el uso indebido de recursos públicos federales en la licitación pública número LIC-GEY-SSP-031/2016, donde hay pruebas de que el secretario de Administración y Finanzas, Alfredo Dájer Abimerhi, y el director general de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública, Luis Alberto Pinzón Sarabia, manipularon el proceso de licitación para beneficiar a la empresa Vitro Fomento Industrial, S.A. de C.V.
Dijo a Quadratín México que esta empresa pertenece al ex presidente de la Canacintra en Yucatán, contador Mario Can Marín, designado nuevo Auditor Superior del Estado por el Congreso estatal.
Los senadores panistas aseguraron que también se acudirá a instancias estatales para denunciar estas irregularidades, así como al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Acompañado del senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, el panista describió numerosas irregularidades y presuntos actos de corrupción de funcionarios de la entidad en la adquisición de 750 mil placas metálicas, calcomanías de identificación, tarjetas de circulación y recibos oficiales para vehículos de transporte terrestre.
En conferencia de prensa, el senador por el estado de Yucatán indicó que las bases se hicieron para evitar la competencia de otros proveedores nacionales y locales, toda vez que el mismo día que se emitió la convocatoria sólo dieron seis horas para el cumplimiento de los requisitos, lo que hace sospechar que las únicas tres empresas que compitieron tenían información privilegiada.
Detalló que el costo de las bases se cobró en efectivo en un domicilio, y se acudió en otro lugar diferente para la entrega de la documentación requerida, además de resultar extraño de que las empresas participantes hayan sido descalificadas por no cumplir con los requisitos mínimos.
La otra empresa ofertó un costo por encima de los parámetros de la convocatoria, lo que la dejó fuera en automático, sin que se declarara desierta la licitación.
Además, los representantes de estas empresas no asistieron al evento de comunicación del fallo, en el que se dieron a conocer los resultados de la licitación, situación que hace suponer que todo el proceso fue una simulación.
La Administración yucateca recupera de manera abusiva los 227 millones 690 mil pesos anuales que dejó de percibir con la eliminación del impuesto sobre tenencia vehicular, derogado en 2016, y obtiene ganancias mayores.
Existe la presunción de una red de complicidad conformada por unas cuantas empresas y un grupo de funcionarios estatales directamente involucrados en los procesos de licitaciones, quienes actúan impunemente, señaló el panista.
La compañía Vitro Fomento Industrial ofreció la elaboración de 750 mil placas, tarjetas de circulación, engomados y recibos oficiales a un costo promedio de 245 pesos más IVA, lo que representó una erogación de 182 millones 371 mil 520 pesos del presupuesto.
La misma empresa también obtuvo el contrato de reemplacamiento vehicular 2017 en el estado de Nuevo León, mediante el cual las autoridades de esa entidad adquirieron 204 mil 307 placas metálicas a un costo promedio de 156.57 pesos más IVA.
Yucatán resultó ser uno de las entidades más caras para el reemplacamiento vehicular, cuyo precio se fijó este año en 986 pesos en promedio, además del pago de otros derechos e impuestos estatales, que en suma generan mil 446 pesos.
El Estado de México el costo total con impuestos es de 638 pesos, en Veracruz de 800, en la Ciudad de México 642 pesos, en Guerrero 750 y en Morelos 755 pesos.