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CIUDAD DE MÉXICO, 6 de febrero de 2022.- El representante de la Bancada Naranja en el congreso de la Ciudad de México, Royfid Torres González, solicitará a la Secretaría de la Contraloría General local una investigación por la compra y uso de Ivermectina en el kit médico que el gobierno capitalino otorgó a las y los ciudadanos que se reportaban enfermos por Covid 19, pese a que varios estudios revelaron, incluido el más reciente de la administración federal, que el fármaco no estaba aprobado como auxiliar en el tratamiento del virus.
El martes próximo, el legislador ciudadano presentará un punto de acuerdo para que, desde el legislativo se exhorte al órgano de control para realizar la indagatoria correspondiente, pero, además, el miércoles denunciará ante el mismo junto con los diputados federales Salomón Chertorivski y Jorge Álvarez Maynez, para sancionar a las personas servidoras públicas responsables de tal acción.
“Durante dos años el gobierno Federal y el gobierno de la CDMX han hecho un pésimo papel en la gestión de la pandemia y tenemos muchas evidencias sobre ello, a la que hoy se suma un tema preocupante: la entrega de Ivermectina en los kits médicos que el gobierno de la Ciudad dio a pacientes positivos por COVID19, medicamento del que ya existía evidencia suficiente para sostener que no servían para atender esta enfermedad y que, además, advertían, podía tener efectos secundarios”, señaló.
El coordinador de la Asociación Parlamentaria Ciudadana recordó que, desde la comparecencia en noviembre pasado en el Congreso de la titular de Salud capitalina, Oliva López Arellano, como parte de la glosa por el Tercer Informe de la jefa de gobierno, se le cuestionó al respecto de haber incluido el mencionado medicamento para el tratamiento de pacientes afectados por SARS-COV2, sin respuesta alguna por parte de la funcionaria.
De igual manera, el diputado de Movimiento Ciudadano sostuvo que desde septiembre se solicitó la creación de una Comisión de seguimiento a la gestión de la pandemia, que representantes de Morena y sus aliados negaron en el pleno de Donceles.
“Con esta Comisión no estaríamos hablando estudios ‘cuasi experimentales’, como el que menciona el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), José Merino, lo que consideramos un atentado contra la salud de quienes padecieron la enfermedad y confiaron en una medida que el gobierno otorgaba”, indicó.
Desde el 29 de marzo de 2020, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció como parte de las medidas para hacer frente a la Pandemia por COVID19, la entrega a domicilio de un kit médico que contenía un termómetro, 28 cubrebocas, paracetamol, gel antibacterial y un instructivo para cuidar a la persona con la sintomatología y a su familia, pero a partir del 29 de diciembre del mismo año se incluían tabletas de Ivermectina a quienes resultaban positivo a la prueba.
El 2 de agosto del año pasado la Secretaría de Salud federal publicó la Guía Clínica para el Tratamiento de la Covid-19 en México, en la que explica que la evidencia científica había cambiado a medida que aparecían nuevas opciones terapéuticas, clasificándolos en tres categorías en las que Ivermectina y el Ácido Acetilsalisílico, aparecen en el rubro de ‘uso de investigación’, mientras que la Azitromicina, ‘no se puede usar’ para el tratamiento de personas afectadas por el virus SARS-COV2.
“Perder tres meses hasta que llegara la pandemia a la CDMX sin medidas previas, minimizar los picos más graves de contagios, negar la saturación hospitalaria y maquillar cifras deberían ser suficiente para dar una explicación clara a los ciudadanos, por ello, ante este tema que pusimos en la mesa en noviembre, solicitaremos a la Secretaría de la Contraloría General inicie la investigación correspondiente y en su caso, sancione a las personas servidoras públicas de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de la Ciudad de México”, sentenció.
Finalmente, Torres González añadió que, en los siguientes días, junto con los diputados de la Bancada Naranja en San Lázaro impulsará quejas ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y Nacional de Derechos Humanos.