Desconocido, número de armas que entraron a México por Rápido y Furioso

CIUDAD DE MÉXICO, 30 de enero de 2017.- A ciencia cierta se desconoce el número exacto de armas –cortas y largas– que entraron ilegalmente al país como parte del fallido programa anticontrabando bélico denominado Rápido y Furioso, implementado por el gobierno de Estados Unidos, desde 2005.

Desde enero de 2006 hasta noviembre de 2014, el gobierno federal confiscó 308 mil 881 armas; es decir, en promedio 94 al día. Estas armas alcanzarían para equipar a una fuerza bélica con un total de efectivos superior al de la Marina o la Policía Federal (PF), que tiene cerca de 45 mil efectivos.

Esto significa que, en menos de una década, 308 mil 881 armas se confiscaron. De esta cantidad, de 2009 a 2012, se incautó 60 por ciento del total: 153 mil 326. Hasta antes de 2009 sólo habían sido aseguradas 49 mil 180. Como se ve este asunto, no está resuelto y por ello el presidente Enrique Peña Nieto demandó a su homólogo estadounidense, que más que construir un muro fronterizo se frene el flujo de armas y dinero proveniente de la venta de drogas.

Informes de la Procuraduría General de la República (PGR), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Semar) y la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), a los que tuvo acceso esta agencia a través de la ley de transparencia, revelan también que más de 50 por ciento de esas armas fueron decomisadas en sólo tres entidades: Distrito Federal, Tamaulipas y Michoacán.

Para ponerlo en proporción, la cantidad de armas de fuego decomisadas, alcanzaría para equipar a una fuerza bélica con un total de efectivos superior al de la Marina, –que cuenta con unos 60 mil marinos– o la PF –que tiene cerca de 65 mil efectivos–, o incluso a fuerzas armadas de otros países.

La cantidad de armamento confiscado supera el número que integran el total de las fuerzas armadas –entre fuerzas permanentes, reservas y paramilitar– de todos los países de Centroamérica, que en conjunto suman 257 mil 500 efectivos.

Aunque es muy difícil determinar cuántas armas ingresan ilegalmente al país, el informe Tráfico de Armas de Estados Unidos hacia México, elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, publicado en diciembre de 2014, estimó que cada día entran, de manera ilegal, alrededor de dos mil artefactos de este tipo a México, es decir, un total 730 mil al año.

También señala que según estimaciones no oficiales en 2011 había 15.5 millones de armas no registradas en México, cifra que, advierte, pudo haber aumentado en los últimos años, como consecuencia de Rápido y Furioso.

De acuerdo con especialistas en seguridad del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, no todas las armas que entran ilegalmente se quedan en el país, pues sus destinos pueden ir desde su tráfico a otros países, principalmente a Sudamérica, o a pasar a manos de delincuentes del fuero común o al crimen organizado.

Por ejemplo, unas 500 armas que entraron por Estados Unidos fueron decomisadas en estados del norte del país y destruidas por el Ejército Mexicano, informó hoy el gobierno de Nuevo León, apenas la semana pasada.

La Sedena aseguró y desintegró cinco mil 97 armas que ingresaron ilegalmente a México y que eran empleadas por grupos criminales en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

De ese total, tres mil 500 fueron incautadas en territorio nuevoleonés y algunas tenían hasta 10 años almacenadas, mientras se desahogaban investigaciones en ilícitos en los que fueron usadas, reveló Aldo Fasci, vocero de seguridad en la entidad, quien confirmó que medio millar de las armas liberadas como parte de Rápido y Furioso, terminaron en manos de delincuentes que operaban en el norte de México y ayudaron a la comisión de ilícitos.

El gobernador Jaime Rodríguez Calderón se reunió con los comandantes de la Cuarta Región y Séptima zona Militares, generales Javier Cruz y Agustín Radilla, y acordaron reforzar la seguridad en la frontera norte para impedir que continúe el tráfico de armas procedente de Estados Unidos.

“Parte de la destrucción de la sociedad mexicana viene de la sociedad americana. De la tendencia de producir y producir armas de fuego que luego destruyen vidas. Y evidentemente nosotros tenemos que cerrar la frontera de México a la introducción de armas de fuego”, señaló El Bronco.

Hay que recordar que Rápido y Furioso fue un operativo que organizó el gobierno de Estados Unidos para entregar armas a los cárteles con el propósito de rastrearlas y determinar quiénes las utilizaban para propósitos criminales. Sin embargo, la acción se salió de control y miles de pistolas y fusiles comercializados dejaron de ser rastreables y sirvieron para actos delictivos de sus poseedores tanto en México como en Estados Unidos.

El proyecto Gunrunner, precursor de la operación Rápido y Furioso, inició como un programa piloto en Laredo, Texas. El proyecto se convirtió en una iniciativa nacional en 2006.

Inicialmente, Gunrunner cuenta con 84 agentes especiales y 15 industry operations investigators. Para 2010, el número de agentes especiales crece hasta 224 y el número de investigadores hasta 165.

El Fiscal General Michael Mukasey recibe un documento en el que la ATF recuenta un intento fallido de dejar “caminar” armas a México con el fin de atrapar a quienes reciben las armas en última instancia. A pesar del fracaso, la ATF pide permiso para expandir el programa Por otro lado, el documento menciona que el attaché de la ATF en Ciudad de México ha discutido este primer intento de coordinación entre la ATF y los federales mexicanos con el entonces procurador General de México, Eduardo Medina Mora, actual ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El 20 de enero de 2009, Barack Obama asume la presidencia de Estados Unidos. Principios del año: La DEA obtiene información que relaciona a Manuel Fabián Celis-Acosta, el comprador principal de armas involucrado en la operación Fast and Furious, con el narcotráfico.

En junio de ese año, según un reporte de la Government Accountability Office, la ATF recibió solicitudes de rastreo para menos de un cuarto de las armas confiscadas en México.

Y el 16 de julio, la ATF advierte al Congreso que el 90 por ciento de las armas recuperadas en México, que la agencia ha rastreado, fueron vendidas en los Estados Unidos. Más adelante, la cifra es corregida y situada en alrededor de 70 por ciento. En 2010, la ATF argumenta que de cualquier modo el número es engañoso, dado que sólo incluye la pequeña cantidad de armas que efectivamente son rastreadas.

Un mes después, la División Criminal del Departamento de Justicia envía un memorando al fiscal general con recomendaciones de un grupo de trabajo de tráfico de armas para interrumpir el flujo de armas en la frontera sudoeste del país. El documento sugiere que el fiscal general y el secretario del Departamento de Seguridad Nacional formen un grupo de estrategia para el tráfico de armas para la frontera sudoeste (SWB). Siguiendo la recomendación, el Deputy Attorney General forma y lidera el Southwest Border Strategy Group.

El 2 septiembre, doce sicarios armados con fusiles AK-47 entran en el centro de rehabilitación El Aliviane en Ciudad Juárez y abren fuego contra veinte jóvenes entre los 18 y los 30 años que se encontraban rezando. Los sicarios, presuntos miembros de un grupo delictivo según declaraciones del secretario de Seguridad Pública de Chihuahua, Víctor Valencia, mataron a 18 jóvenes e hirieron de gravedad a dos más.

La ATF reporta a través de un comunicado de prensa que el programa Gunrunner involucró más de 1,100 pistas investigativas, cuyo seguimiento resultó en la apertura de 276 casos de tráfico de armas y la incautación de 440 armas ilegales. Según el comunicado, varios de los casos involucraron individuos que reclutaron intermediarios para comprar armas cuyo destino final eran los carteles mexicanos.

Las autoridades mexicanas recuperan 42 armas, 41 AK-47s y un rifle Beowulf calibre .50 –relacionadas con la Operación Rápido y Furioso– en Naco, Sonora, un municipio en la frontera. Es la primera incautación de envergadura tras el inicio de la operación y la primera que relaciona las armas con organizaciones de narcotraficantes.

Oficiales de la ATF en México se dan cuenta de que un gran número de las armas que aparecen en el país –en muchos casos relacionados con crímenes violentos– se encuentran en los registros de la Phoenix Field Division de la ATF. Tras ser informados por varios analistas, Darren Gil, Attaché para México y Carlos Canino se comunican con las oficinas de Arizona y Washington. Mientras, la ATF y el Departamento de Justicia les aseguran que todo está bajo control, el personal de la ATF en Arizona restringe el acceso a la información del National Tracing Center sobre las armas que ha dejado caminar.