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CIUDAD DE MÉXICO, 19 de mayo de 2026.- Durante la Asamblea de Mujeres “Co-creando estrategias transformadoras de género para una vivienda adecuada para todas las mujeres y niñas”, realizada en el marco del Foro Urbano Mundial, en Bakú, Azerbaiyán, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, reivindicó el papel de los gobiernos locales como actores centrales para enfrentar las crisis globales y construir un nuevo modelo urbano, basado en la justicia territorial, la igualdad y el derecho a la vivienda.
Ante representantes de ciudades y gobiernos locales del mundo, Brugada Molina llamó a frenar la expulsión de comunidades por la gentrificación, y afirmó que: “no aceptamos que el miedo, la guerra, la desigualdad y el odio definan el destino de la humanidad”.
Sostuvo que el futuro de las ciudades dependerá de la capacidad de los territorios para articular soluciones desde la cercanía con la población y desde una visión profundamente humanista.
La mandataria capitalina señaló que la emergencia climática, la crisis de vivienda, las desigualdades y las distintas formas de violencia impactan cotidianamente a los territorios, por lo que son las ciudades y los gobiernos locales quienes enfrentan, desde la primera línea, las consecuencias de esos fenómenos globales.

“Las ciudades y los gobiernos locales somos protagonistas de la historia; vivimos a ras del suelo, cara a cara y de carne propia sentimos los dolores y las esperanzas de nuestra gente”, expresó.
Al dirigirse a los participantes de este foro, Clara Brugada defendió el municipalismo internacional como un movimiento político capaz de transformar la vida de millones de personas mediante la articulación de experiencias, políticas públicas y soluciones construidas desde los territorios.
“Ese es el municipalismo internacional: un movimiento político de territorios que se unen para que su voz llegue donde las decisiones se toman”, enfatizó.
Aunado a ello, compartió parte de su experiencia política y comunitaria en la Ciudad de México, donde —recordó— decidió vivir desde joven en uno de los barrios más pobres de la capital para impulsar desde abajo procesos de transformación urbana y social.
“Desde allí construimos un gran movimiento de transformación del territorio, desde abajo”, afirmó.
La titular del Ejecutivo local advirtió que la crisis global de vivienda es consecuencia de décadas de políticas que transformaron un derecho humano en mercancía y mecanismo de especulación financiera.
“La financiarización de la vivienda ha expulsado a comunidades enteras de sus territorios, ha encarecido el acceso para las personas jóvenes y ha generado ciudades expuestas a la gentrificación”, señaló.
Por ello, defendió una visión de ciudad basada en el arraigo comunitario, el acceso a vivienda asequible y la justicia social y de género, más allá de la financiarización, que se refiere al proceso por el cual los mercados financieros tienen mayor peso en los temas que inciden en la comunidad.
“El derecho a la ciudad es también el derecho a no ser expulsado; es el derecho al arraigo vecinal”, sostuvo.
La jefa de Gobierno subrayó que las desigualdades urbanas afectan principalmente a quienes históricamente han sido excluidos, por lo que insistió en que las políticas urbanas deben construirse desde una perspectiva territorial y con enfoque de derechos.
“Construir ciudades de derechos plenos significa aterrizar las políticas globales en la realidad concreta de cada territorio”, expresó.

En su intervención durante este Foro, el secretario de Vivienda de la Ciudad de México, Inti Muñoz Santini, sostuvo que frente al aumento de las desigualdades urbanas y el encarecimiento del acceso a la vivienda, resulta indispensable acelerar las políticas públicas orientadas a la inclusión social, la igualdad y la reducción de la pobreza.
“Creemos que acelerar las políticas para la inclusión social, la igualdad de género y la reducción de la pobreza, a través de la vivienda, exige partir de una convicción fundamental, hoy más que nunca”, expresó.
El funcionario capitalino afirmó que la vivienda no debe entenderse como una mercancía, sino como un derecho humano y un pilar de la justicia social, la democracia urbana y la prosperidad compartida.