Desde el Cuarto de Guerra

Otros Datos

Operación Lista Marco

«No hay delito ni falta que perseguir», así lo aseguró, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, tras la revocación de su visa americana, al igual que a su esposo Carlos Torres, y aseguró que esta medida no implica la comisión de un delito; Sin embargo, para las autoridades norteamericanas, el retiro del documento para poder acceder al vecino país del norte, es una estrategia para investigar a las autoridades mexicanas, por sus presuntos vínculos con el crimen organizado; Supuestamente, según medios nacionales, podrían ser 44 funcionarios activos, inactivos, militares y administrativos, entre ellos, algunos gobernadores.

Esta herramienta operativa, que tiene como nombre “Lista Marco”, debido a que es impulsada por el actual secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, tiene en la mira, presuntamente a colaboradores, beneficiarios o protectores de organizaciones delictivas transnacionales, y lejos está de alguna acción de cooperación binacional, ya que se basa en leyes e instrumentos jurídicos de seguridad interior del vecino país del norte.

Entre las medidas que aplicará estarán: la cancelación inmediata de visas personales, diplomáticas o de negocios, incluyendo a familiares directos, interrogatorios prolongados y retención administrativa en puntos de ingreso a EE. UU, congelamiento preventivo de cuentas, propiedades y operaciones financieras dentro del sistema bancario estadounidense y aliados, notificaciones confidenciales al Gobierno de México, bajo los Acuerdos de Cooperación en Materia de Intercambio de Inteligencia Financiera, así como la inhabilitación futura para participar en operaciones económicas con instituciones con sede en EE. UU.

Con anterioridad al caso de la pareja gubernamental de Baja California, estuvo el caso del alcalde de Matamoros, Alberto Granados Favila, quien fue interceptado junto a siete de sus colaboradores en la garita de Brownsville, Texas, y sometido a un interrogatorio de más de 14 horas, y a quienes, tras la revocación de sus visas, se les acusó de colaborar con una estructura municipal considerada “entidad asociada a organización terrorista extranjera”.

Entre los nombres más relevantes que integran la “Lista Marco” supuestamente estarían 10 exgobernadores y gobernadores en funciones, así como funcionarios y ex funcionarios del gabinete federal, en los últimos seis años. Además, de empresarios que hicieron aportaciones económicas en estados del Noroeste y Sureste de México.

Meño

Sin transparencia elección del Poder Judicial

A pesar de los esfuerzos de algunas y algunos candidatos a ocupar cargos del Poder Judicial de la Federación, luego de la elección que se llevará a cabo, el próximo primero de junio, la maquinaria electoral de los partidos políticos comenzó a echarse a andar, y existen algunas t algunos “aspirantes” que más que tener acercamientos reales con la población, prefieren amarrar estructuras, ya que, para ellos, esta competencia será de comprobar, de cual “cuero” político, salen más votos.

Lo que podría dejar como un ejercicio democrático, es que algunos de los aspirantes, principalmente los provenientes del Poder Judicial, dejaron sus oficinas y decidieron salir a las calles, a ensuciarse sus zapatos (caros), y asolearse para intentar hacer empáticos con la gente, rompiendo con ello, el paradigma, que los integrantes de este coto de poder, solo de salen a restaurantes caros o eventos de clase alta.

Todavía faltan algunos días, y que las autoridades electorales le metan ganas a la operación del día de la elección, ya que, con tantas boletas y la nula información, tal parece que se intenta no llevar a votar a las personas, sino todo lo contrario.

Surada (Viento Norte)

Dos strikes en proceso electoral de Veracruz

Aun cuando las autoridades del Organismo Público Local Electoral negaron que la candidata de morena a la alcaldía de Texistepec, Yesenia Lara Gutiérrez no habría solicitado protección, por alguna presunta amenaza, y quien fuera asesinada, el pasado 11 de mayo, durante un recorrido en las calles del municipio ubicado al sur de Veracruz, la encargada del OPLE, Marisol Alicia Delgadillo Morales reconoció que existen 54 solicitudes de protección de candidatas y candidatos; Sin embargo, aclaró que no son 57 como declaró, en rueda de prensa, la gobernadora Norma Rocío Nahle García, quién descartó una situación vinculada al crimen organizado, y señaló que se trata de violencia política. Pero, ya le pidió al secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch, que le eche la mano.

La representante electoral en Veracruz indicó que las boletas, en el caso de Texistepec no podrán ser cambiadas, y aparecerán con el nombre de la candidata fallecida, en un ataque armado, donde cuatro personas más perdieron la vida, entre ellas, un policía municipal del municipio vecino de Jáltipan, y agregó que, de las denuncias de amenazas recibidas, en su mayoría corresponden a candidatas y candidatos de Movimiento Ciudadano. Cabe recordar, que, en días pasados, también fue privado de la vida, en Coxquihui, Germán Anuar Valencia «Napo», otro candidato de Morena.

Supuestamente, los candidatos, al menos los de morena y sus partidos aliados, suspenderian actividades después del atroz crimen, pero, tal parece, que esto no fue así, ya que continuaron con sus actividades públicas y reuniones privadas, incluso, el dirigente de Morena en Veracruz, Esteban Ramírez Zepeta prefirió guardar silencio, y evitar ningún pronunciamiento, solo un escueto comunicado, tras la tragedia en el sureste veracruzano, uno de los bastiones políticos de la actual gobernadora Nahle García, y el polo comercial más importante entre el Golfo de México y el Océano Pacífico.

Dunas

Periodistas exigen parar censura en Michoacán

La Asociación Michoacana de Periodistas AC, que encabeza Roberto Guevara y aglutina a diversos comunicadores y periodistas en el interior de la entidad se pronunciaron en contra de la iniciativa que impulsa el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, para la Penalización de la Apología del Delito, ya que podría trasgredir la libertad de expresión, ya que podría afectar a los periodistas que cubren notas informativas sobre seguridad y violencia, y podría considerarlas que hacen apología del crimen, amordazando con esto a las y los comunicadores. Por ello, los periodistas michoacanos pedimos que se revise a fondo esta iniciativa, y se defienda, así como respete la libertad a estar informado en Michoacán.