Trump y la élite de redes sociales
Hierve Conagua: activistas vs “aguatenientes”
En un “acalorado” clima político, se encuentra la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ya que este lunes 7 de noviembre, integrantes de diversas agrupaciones civiles y ambientalistas, como: la Coordinadora Nacional Agua Para Todos, Agua para la Vida se “calentaron” a las afueras de la dependencia del Gobierno de México, para denunciar supuestos actos de corrupción, abuso de autoridad, y principalmente la falta de atención de sus funcionarios hacia los sectores más desprotegidos de México, para resolverles sus carencias o conflictos del desabasto del vital líquido.
La gota que derramó este vaso fue sin duda, el despido “repentino” de Jean Elaine Burns Stuck de la subdirección de Administración de Conagua, el pasado 31 de octubre, a quién al igual que a Oscar Monroy, ex rector de la UAM Iztapalapa, y quien también tenía su año sabático como funcionario en esta dependencia, así como a Rolando Cañas, no les dejaron acceder a la dependencia, tras interceptar un mensaje de “whatsapp”, la propia Burns Stuck denunció una supuesta orden por parte del director general de Conagua, Germán Martínez Santoyo, para que se les impidiera, con el uso de la fuerza policial, el acceso a su oficina, desde hace dos años, ubicada en un edificio localizado sobre la Avenida Insurgentes Sur de la Ciudad de México.
Pedro Moctezuma Barragán, coordinador nacional de Agua Para Todos, Agua para la Vida, calificó esta acción como un acto de “cavernícolas sujetos a las instrucciones de los agua tenientes” (funcionarios), quienes solo están escondidos en su “bunker”, sin atender las necesidades del pueblo, principalmente de los adultos mayores, quienes diariamente acuden a la dependencia para encontrar una posible solución a conflictos con sus títulos de propiedad de pozos de agua, entre otros casos. Una versión surgida al interior de Conagua, supuestamente señaló que el despido de la activista, así como de su equipo de trabajo se derivó por la entrega irregular de concesiones a grupos sociales, sin tomar en cuenta las afectaciones.
Moctezuma Barragán, (esposo de Jean Elaine Burns, y hermano del embajador de México ante Estados Unidos, Esteban Moctezuma) estuvo durante la manifestación respaldado por diversos grupos de activistas sociales como: La Asociación de Productores Unidos del Sur de Xinantectal, y la Confederación Nacional Plan de Ayala (CNPA), quienes con pancartas y consignas “clásicas”, exigieron la inmediata restitución de Burns Stuck, pero principalmente, advirtieron el arranque de manifestaciones en varios estados de México; De inicio, en Puebla, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán, Baja California, y Coahuila, hubo movimientos sociales simultaneaos frente a las sedes regionales de la dependencia federal.
Previo a la protesta, en la “Mañanera”, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que la activista Jean Elaine Burns había sido relevada por conflictos internos con el director general Germán Martínez Santoyo; Sin embargo, aclaró que había hablado con ella, y le propuso que siguiera trabajando con proyectos afines a la 4T, como proyectos hidráulicos en Sinaloa, pero principalmente para reformar leyes que “protejan” a las entidades del norte del país, donde existen problemas de desabasto, producto de la instalación de empresas que tienen alto consumo del vital líquido.
Mientras esto ocurre, se vence el plazo para la aprobación de la Ley General de Aguas Nacionales, esta norma que surgió desde la década de los noventa, y supuestamente vendría a darle una correcta distribución, uso y aprovechamiento del vital líquido en México.
MC denuncia robo en SESVER
Un subejercicio de más de 870 millones de pesos, presuntamente por parte de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz fue lo que denunciaron los integrantes del partido Movimiento Ciudadano, quienes aseguraron que esta situación se registró por supuestas irregularidades en los recursos destinados a la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde, donde aseguraron existe un presupuesto estatal destinado al Programa de Emergencia Radiológica Externa (PERE), mismo que no fue ejercido con transparencia, y por el contrario, a decir de los “naranjas”, se “fue” a las cajas chicas del partido guinda.
Explicaron que, en el 2019, la administración estatal a cargo de Cuitláhuac García Jiménez
destinó 3 millones de pesos a la prevención de emergencias radiológicas, sin embargo, en 2020, aumentó este recurso a 525 millones de pesos, mientras que en 2021 volvió a bajar el presupuesto a 3 millones. Incluso, agregaron que en el segundo informe de gobierno del mandatario morenista se anunciaron recorridos de supervisión, capacitaciones y análisis radiológicos, pero actualmente no existen caminos o rutas de evacuación en condiciones aceptables, por citar un ejemplo.
Tal parece que, el líder de Movimiento Ciudadano en Veracruz, Sergio Gil Rullán se “calentó”, no solo porque no le recibieron el oficio en Palacio de Gobierno para exigir una gestión de tarifas más bajas para algunos de los 212 municipios del territorio veracruzano, donde la temperatura avalaría este tipo de adecuación por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sino que también arremetió contra la administración estatal, principalmente de los funcionarios de la Secretaría de Salud de Veracruz de ser incompetentes, como por ejemplo: el ex titular Roberto Ramos Alor, por citar un caso.
Cabe mencionar que en la entidad veracruzana se genera aproximadamente el 14% del total de energía eléctrica del país, y ocupa el tercer lugar a nivel nacional por este concepto, siendo el proyecto de Laguna Verde, el que aporta casi un 5 por ciento de esta cifra al territorio mexicano, y un 38.9 por ciento, en la demarcación estatal.
La semana pasada, la administración municipal, que encabeza Amado Cruz Malpica, anunció, a once meses de su arranque, el primer cambio “sustancial”, siendo en el área de Recursos Humanos; Sin embargo, con esta modificación, lejos está de verse los mejores resultados, ya que tanto los regidores guindas, y aliados, así como varios de los encargados de las áreas estratégicas (con sus honrosas excepciones), parece que no terminan de aprender a tomar las riendas para desempeñar sus funciones, y permanecen en un “letargo político” que solo confirma, el dicho: “No tiene la culpa el indio, sino quien lo hace compadre”.
En donde quedaron los resultados de aquella campaña de bacheo, donde las autoridades municipales “posaron” con maquinaria en mano, o los festejos de los “500 años”, que a menos de un mes que termine este 2022, parece que quedaron en el olvido colectivo, por la falta de los responsables para mantener viva esa flama. Sin duda, “Por la Ciudad, que Queremos Todos”, urge que despierten sus encargados, ya que el sueño político, se convirtió en una pesadilla de gobierno.
La propuesta sobre la prohibición para la instalación de nacimientos y figuras religiosas en espacios públicos, con cargo al erario, que nació en el 2020, en la comunidades yucatecas de Chocholá, Mérida y Mocochá, donde ciudadanos interpusieron amparos contra las administraciones municipales, será sometida, a votación ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el próximo nueve de noviembre del presente año, por el magistrado Juan Luis González Alcántara Carrancá.
El argumento es que esta acción atenta contra los principios constitucionales del Estado Laico, y libertad de religiosa, por lo que, para algunas autoridades eclesiásticas esto seria una nueva persecución religiosa, ya que la promoción de valores familiares (Padres e hijos) quedaría borrada de la memoria colectiva; Mientras otros, argumentan que esta medida vendrá a restar los actos de corrupción que se escudan, principalmente en las administraciones municipales, tras inflar los precios en la instalación de estos objetos. En este 2022, los pastores a Belén recorrerán quizás su última andanza.